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El hombre del saco es uno de los estereotipos sociales que se utiliza para dar miedo a los niños y se comporten como quieren los adultos; de forma paralela, el déficit público es utilizado por la oligarquía económica para atemorizar y hacer claudicar a la población en sus demandas sociales.
Al igual que el hombre del saco, el déficit público no es más que una invención de los think tanks neoliberales, que no tiene ningún fundamento económico, y que sólo sirve, básicamente, para perjudicar gravemente la vida del 90% de la población.
La cifra del límite de déficit público, un 3%, se la inventó un funcionario francés en 1981, en menos de una hora y sin fundamento teórico alguno. Propuso ese número porque había sido muy utilizado durante la historia y recordaba a la Santísima Trinidad. Mitterrand quería una regla para limitar el gasto público; nosotros se la dimos, declaró a la prensa.
La palabra “déficit” no es casual, fue elegida a propósito por sus connotaciones negativas relacionadas con la carencia de algo. Los ciudadanos debían aprender que el déficit público era algo negativo.
Cada euro de déficit público es igual, por identidad contable, a un euro de superávit privado y viceversa. Además, es imposible que el sector público y el sector privado tengan al mismo tiempo superávit.
Sin embargo, la realidad es totalmente la contraria. Cada euro de déficit público es igual, por identidad contable, a un euro de superávit privado y viceversa. Además, es imposible que el sector público y el sector privado tengan al mismo tiempo superávit. Así pues, en lugar de utilizar la expresión déficit público se podría haber utilizado la de superávit privado.
En el imaginario colectivo domina la idea de que registrar superávit fiscal es positivo per se, y que registrar déficit público es intrínsecamente negativo. Esto se debe a que se comparan las finanzas de una familia o empresa con las de un Estado como si fueran lo mismo, y no tienen nada que ver. El estado es el emisor del dinero y las familias y empresas son los usuarios del mismo.
De modo que, los déficits públicos incrementan el gasto total de una economía, incrementando así los ingresos del sector privado y estimulando la actividad y la inversión económica, también aportan estabilidad financiera y ayudan a prevenir crisis. Los superávits fiscales implican exactamente lo contrario.
No es casualidad que en la reciente historia contemporánea de España, sólo se hayan registrado tres años de superávit público (2005, 2006 y 2007), que dieron lugar en 2008 a una de las peores crisis económicas mundiales de toda la historia, y de la que todavía no hemos recuperado.
Es importante recordar que el 86% de los países del mundo registra déficit público de forma normal y continuada en el tiempo, el 14% restante que registra superávit, suelen ser paraísos fiscales o exportadores masivos de hidrocarburos. Esta proporción anterior es una constante en la historia. Por tanto, podemos constatar que lo que es normal y habitual, es que los países registren déficit público.
El déficit público, que no es más que la cantidad introducida de dinero en la economía por el estado, mediante el gasto público, menos la cantidad extraída vía impuestos, es la única forma que existe para que las familias y las empresas puedan tener activos financieros netos positivos. Por consiguiente, no debemos engañarnos con el tan elogiado “presupuesto equilibrado” del sector público, porque significa que el dinero que inyecta el estado en la economía, es el mismo que retira a través de los impuestos, o sea, significa que el patrimonio financiero neto del sector privado, debe ser inevitablemente de cero euros.
Las políticas de reducción de déficit público lo que hacen casi siempre, es crear o agravar verdaderos déficits, que sí que son importantes para la sociedad, el déficit sanitario, educativo, de puestos de trabajo de calidad, de infraestructuras, climático, democrático, etcétera.
Un buen ejemplo de estas políticas es el Real Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Este Real Decreto supuso unos enormes recortes que comportaron que España quedara atrás respecto a otras regiones, en producción, bienestar, creación de empleo, infraestructuras, investigación y desarrollo…, hecho que, quedáramos estancados en la recesión muchos más años de lo necesario, hasta el punto de que, a día de hoy, todavía no se hayan recuperado el total del número de horas trabajadas de antes de la crisis.
A los funcionarios se les recortó el sueldo en 2010 un 5%, de 2011 a 2015 se les congeló el salario, y desde hace dieciséis años, tienen las pagas extras recortadas un 38,29% (en el caso del grupo A1), sin ninguna voluntad política a la vista para que se recupere el pago íntegro de las mismas.
A este respecto, en macroeconomía existe una igualdad irrefutable:
Producción=Gastos=Ingresos
Todas estas cantidades que han dejado de percibir los funcionarios, son ingresos que no obtendrán los comerciantes, tenderos, profesionales y empresas. También es producción que se ha perdido para siempre.
Algunas personas progresistas alegan que estos recortes eran justificados en el momento de la llamada crisis, pero ahora no son de recibo porque ahora no hay crisis. Ahora bien, tampoco lo eran, bajo mi punto de vista, cuando estalló la crisis por los siguientes motivos:
En primer lugar, porque la crisis fue provocada por la avaricia de la oligarquía financiera con las hipotecas de alto riesgo, con la connivencia y desregulación del sector bancario por parte de los legisladores de ese momento. Recordemos que el sector bancario fue rescatado con dinero público y que los ciudadanos todavía están sufriendo los recortes.
En segundo lugar, llevar a cabo recortes cuando existe una crisis económica es una política procíclica que no hace más que profundizar y prolongar el sufrimiento provocado por la crisis a la ciudadanía y por lo que no tiene ningún sentido económico ni social.
la regla de límite del déficit público tiene que ver con un proyecto ideológico que persigue un objetivo muy concreto: empujar a los gobernantes a reducir el gasto público y en consecuencia el tamaño del sector público
En conclusión, la regla de límite del déficit público tiene que ver con un proyecto ideológico que persigue un objetivo muy concreto: empujar a los gobernantes a reducir el gasto público y en consecuencia el tamaño del sector público. Cuanto menos gasto público haya en educación, sanidad y pensiones, por ejemplo, menor será el tamaño, alcance y calidad de estos servicios públicos y, por tanto, mayor será el margen que tendrán los monopolios privados para desarrollar sus negocios en estos sectores.
Además, esta absurda regla de límite de déficit también favorece a la banca privada, priorizando la creación de dinero bancario, en detrimento de la creación de dinero estatal vía déficit público. Pero esto, tiene una repercusión fatal en la economía, la creación de dinero bancario se hace mediante la concesión de préstamos, y éstos deben devolverse junto con los intereses, lo que ha provocado un aumento preocupante del endeudamiento del sector privado y en el número de crisis financieras desde que la ideología neoliberal logró ganar la batalla ideológica que supuso el veto a la monetización del déficit.
