Solo mediante el trabajo y la coordinación del mismo para dirigir la inversión puede darse una respuesta estructural a retos de una magnitud global y transformar la sociedad
Esteban Cruz Hidalgo/Stuart Medina Miltimore/Andrés Villena Oliver
Publicado originalmente en CTXT el 25/10/2017
¿Renta básica Universal o Trabajo Garantizado? Cuando se produce este debate, se cometen frecuentes errores que lo distorsionan. Probablemente el más importante sea el de desligar el Trabajo Garantizado de su marco analítico, la Teoría Monetaria Moderna. Ignorar dicho marco implica saltarse un análisis macroeconómico que es imprescindible y sin el cual dicho debate se convierte en una batalla propagandística de la que nada saldrá en claro.
El punto fundamental consiste en lo siguiente: introducir el dinero en una economía a cambio de trabajo tiene efectos diferentes a ofrecerlo a cambio de nada, como sucede con la Renta Básica Universal. De esta forma, TG y RBU deben ser estudiados en el contexto de sus dispares efectos sobre el empleo, los precios, y el valor de la moneda. Es hora de que se hable de la propuesta de Trabajo Garantizado y de que esto se haga en relación con sus implicaciones macroeconómicas.
Los Planes de Trabajo Garantizado aportan unos potentes anclajes a la economía que estabilizan el ciclo, ayudando a mantener los ingresos de los trabajadores que son expulsados del sector privado en épocas de recesión. En una expansión, los empleadores pueden reclutar trabajadores integrados en esos programas de empleo público frente a la demanda de exigencias salariales, impidiendo así que se dispare una espiral precios-salarios. Mantener un “ejército de reserva” de trabajadores empleados que se mueven entre empleos del sector público y empleos del sector privado y no entre una situación de empleo y otra de desempleo posibilita una mayor flexibilidad funcional al mercado laboral y, de manera simultánea, evita la pérdida de habilidades del capital humano (algo fundamental que nunca se subraya lo suficiente).
Los Planes de Trabajo Garantizado aportan unos potentes anclajes a la economía que estabilizan el ciclo, ayudando a mantener los ingresos de los trabajadores que son expulsados del sector privado en épocas de recesión
Es crucial entender además que, dado que la moneda es un monopolio público, el gobierno puede determinar su valor eligiendo el precio al cual la suministrará, o dicho de otro modo, cuánto pagará por hora de trabajo. Como el trabajo es un elemento común a todos los bienes y servicios, el Estado tiene la prerrogativa de anclar todos los demás precios al del trabajo, sobre el cual gravitan. Por supuesto, esto no quiere decir que defina los precios relativos de los bienes y servicios, ya que este es un proceso complejo que depende de muchos factores, entre ellos el poder de monopolio o la desigual tasa de beneficios entre sectores.
Si los empleadores bajan los salarios monetarios, aprovechando que la RBU cubre la manutención de los trabajadores, estos verán su situación empeorada en la forma de un mercado laboral muy precarizado que sigue sin ofrecer empleos para todos. El resultado será una capacidad adquisitiva real mermada a consecuencia de la competencia por unos recursos dados entre los trabajadores y los individuos dependientes de estos involuntariamente, que tratan de hacerse con el excedente al que ya accedían estudiantes, dependientes y pensionistas. No se ha mejorado la provisión social de bienes y servicios, no se han creado nuevos empleos, y la pelea por acceder a una misma porción de la tarta se ha intensificado.
Si los empleadores bajan los salarios monetarios, aprovechando que la RBU cubre la manutención de los trabajadores, estos verán su situación empeorada en la forma de un mercado laboral muy precarizado que sigue sin ofrecer empleos para todos
También puede darse el caso de que los trabajadores decidan retirarse del mercado laboral confiando en la garantía de la RBU en un primer momento. Esta hipotética salida de trabajadores del mercado laboral conllevaría, inevitablemente, una caída de la producción, con la correspondiente agudización del conflicto ya existente por unos recursos ahora menores. En ambos casos, el resultado será un aumento de los precios. Los receptores de la RBU exigirían un aumento de su renta monetaria para garantizarse una capacidad adquisitiva real mínima, pero estos ajustes siempre irán detrás de la inflación. A cada nueva alza, los trabajadores exigirán un nuevo incremento salarial para no salir perdedores, puesto que en caso de no responder a sus demandas se marcharían del mercado laboral pasando a engrosar las filas de los ilusoriamente emancipados, reduciendo aún más los recursos disponibles. Hemos llegado a un punto en que tenemos una espiral precios-salarios, precariedad laboral, y una renta que no cumple sus promesas. Inflación, desengaño e insatisfacción, derivados del hecho de que la economía es más compleja de lo que muchas veces queremos creer, errando al extender una situación o voluntad particular a cómo ésta afectará a la sociedad en su conjunto.
Nadie en su sano juicio podría atisbar de semejante situación una medida paliativa de la pobreza, o ver en ella ganancia de libertad alguna.
La insistencia de la RBU por la viabilidad de la financiación al confrontar ambas propuestas es una prueba manifiesta del desconocimiento de la Teoría Monetaria Moderna y del dinero. Esto desemboca en un compromiso con la teoría neoclásica que muchos dicen rechazar. El Estado no es como cualquier familia o empresa: no necesita recaudar previamente para gastar. Obligarle a pedir su propia deuda a terceros no es más que una artimaña para neutralizar su actividad. El dinero es la deuda del Estado. El monopolista de la moneda, su emisor, siempre debe gastar primero para poder hacerse con parte de ella después. En el actual diseño institucional son los bancos privados los que crean el dinero y lo introducen en el sistema valiéndose del compromiso del Banco Central de respaldar el crédito bancario. La jerarquía del crédito es clara, la deuda del Estado está en la cúspide de la pirámide de deudas.
A pesar de la pomposidad con que se usan términos como el “derecho al bienestar” o a la “dignidad”, estos en gran medida se derivan de los servicios a los que tenemos acceso
Los Planes de Trabajo Garantizado crean empleos directamente, diseñando de forma descentralizada qué tipo de empleo queremos y en qué actividades invertimos para construir la sociedad que deseamos. No olvidemos que a pesar de la pomposidad con que se usan ciertos términos como el “derecho al bienestar” o a la “dignidad”, estos en gran medida se derivan de los servicios a los que tenemos acceso y de no vernos excluidos de la sociedad. Invertir en cuidados, renovables, cultura, investigación o protección de la naturaleza, se hace con trabajo, con la dotación efectiva de unos servicios básicos universales. No se trata de rescatar los beneficios privados cuando estos se atascan, sino de reformular el papel del Estado en la economía. Esta facultad de arrogarse la dirección de la inversión para transformar la sociedad es una solución superior a la de pretender convertir a los ciudadanos en meras unidades de consumo.
Por supuesto, estos planes no son una panacea y necesitan complementarse con otras medidas, especialmente en tiempos de ausencia, diseño o transición entre programas diferentes. Entre estas herramientas complementarias puede garantizarse una renta básica a los afectados, además de diversos tipos de formación exigida por estos con el objetivo de aspirar también a ciertos puestos de trabajo en el mercado. Los Planes de Trabajo Garantizado son herramientas complejas que requieren de la participación de la comunidad para su diseño y aplicación; de conocimiento para una correcta ejecución y coordinación entre programas, y de un esfuerzo por la transparencia para su supervisión. Estas funciones pueden dividirse entre las distintas administraciones públicas: local, regional y general, respectivamente. Se trata de una herramienta totalmente descentralizada, excepto en su financiación.
Por último, recalcamos que estos programas no son ilimitados. Existen restricciones reales, que no financieras que, llegado el momento, permitirían negociar una reducción de la jornada laboral global. El tamaño de los Planes de Empleo Garantizado no es discrecional. Actualmente el gobierno decide cuánto gastar, y luego deja que los mercados determinen el precio que pagarán. Los Planes de Trabajo Garantizado funcionan a la inversa. El gobierno determinará el precio del trabajo y luego dejará que los mercados determinen cuántos trabajadores se presentan, lo que da lugar al gasto del gobierno en estos programas. Así el déficit será, como dijimos, el resultado de los ingresos y ahorros y beneficios de las familias y empresas, un mero apunte contable que reflejaría la cantidad de fondos inyectados en el sector privado por el sector público.
No es que la RBU sea un Caballo de Troya neoliberal, es también el “harakiri” de una izquierda que descansa en la voluntad espontánea de los individuos para alcanzar el bien común, confiando en una mano invisible que coordine iniciativas aisladas que no existen ni dentro del mercado ni fuera de él. Solo mediante el trabajo y la coordinación del mismo para dirigir la inversión puede darse una respuesta estructural a retos de una magnitud global y transformar la sociedad. No hagamos una sociedad caótica de rentistas frustrados. Retomemos el debate sin negarlo y sobre todo, recuperemos la soberanía para poder efectuar políticas progresistas.
