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En 1936 Keynes ya nos advirtió de que la economía ortodoxa no sólo era errónea sino que también conducía a recomendaciones de política económica peligrosas.
Un buen ejemplo de ello es la obra de Goodhart The Great demographic reversal, en la que el autor además de dar muchos datos, como por ejemplo que a mediados del siglo XXI una de cada cinco personas en el mundo tendrá 60 o más años, también cita tres efectos económicos del cambio demográfico y sugiere tres soluciones.
Respecto a los efectos económicos, en primer lugar, prevé que el declive de la fuerza de trabajo reducirá necesariamente el crecimiento real de la producción, a menos que exista un crecimiento importante de la productividad. En segundo lugar, a medida que la ratio de dependencia empeore y haya menos personas que produzcan y más que consuman y no produzcan, el resultado inevitable será la inflación. En tercer lugar, es muy probable que los tipos de interés se incrementen para combatir la inflación.
Las posibles soluciones que propone este economista son retrasar la edad de jubilación, hacer que los trabajadores financien su jubilación ahorrando más y, por último, aumentar los impuestos a los trabajadores para transferir estos fondos a los pensionistas. Asimismo, el autor aboga por la consecución de superávits públicos para hacer frente a la futura «carga fiscal» que supondrán los gastos sanitarios y en pensiones de los jubilados.
Éste es un ejemplo claro de recetas económicas poco acertadas debido a falsas premisas de cómo funciona la economía y un sistema monetario moderno.
La ratio de dependencia es, en términos porcentuales, el número de personas por encima de la edad de jubilación dividido por el número de personas en edad de trabajar. A los economistas de la visión dominante les preocupa mucho que esta ratio se eleve, porque significa que no habrá trabajadores suficientes para financiar tantos jubilados.
Desgraciadamente, la anterior ratio es defectuosa, puesto que no tiene en cuenta todo el trabajo no pagado que se lleva a cabo socialmente, como las tareas domésticas y el cuidado de menores y personas mayores. Sin estas tareas, despreciadas e invisibilizadas en la contabilidad nacional, el sistema social y económico colapsaría. En segundo lugar, la ratio de dependencia de edad ignora que en el grupo del denominador, personas en edad de trabajar, hay personas de baja, estudiante a tiempo completo y también muchas personas desempleadas y subempleadas (trabajadores a tiempo parcial de forma involuntaria).
El economista Bill Mitchell calculó en Australia que esta infrautilización laboral tenía un mayor impacto en la disminución de la ratio de dependencia que retrasar la edad de jubilación 5 años. Teniendo en cuenta que la tasa de paro española es más del doble que la australiana y que la tasa de paro juvenil española, de un 25%, es casi el triple, si en España se llevaran a cabo políticas de pleno empleo y un plan de trabajo garantizado, todos los trabajadores podrían jubilarse voluntariamente a los 62 años sin generar ningún problema macroeconómico ni de ratios de dependencia. En consecuencia, aplazar la edad de jubilación no sólo es una absurdidad económica sino también una injusticia social, que únicamente obedece a los intereses espurios de la oligarquía financiera.
Otro factor ignorado causante del cambio demográfico es la disminución de la natalidad, aunque los medios de comunicación sólo se refieren al incremento de la esperanza de vida. Según los datos extraídos de un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, así como la Encuesta de Fecundidad del INE y otros indicadores, llegamos a las siguientes conclusiones: España está a la cola de Europa en tasa de natalidad con 1,2 hijos, aunque el número de hijos deseados se acerca a 2. Es decir, la mayoría de personas encuestadas habrían querido tener hijos o tener más, pero por culpa de la falta de conciliación laboral y familiar, las razones económicas y la dificultad del acceso a la vivienda no pueden. Según Unicef, nuestro país invierte sólo un 1,5% del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% del PIB de la media europea. Aparte de esto, los países del sur de Europa están sometidos a un modelo económico de escaso valor añadido y bajos salarios, de alta temporalidad, precariedad y casi imposible conciliación laboral y familiar, que provoca una brecha muy importante en las tasas de natalidad respecto a los países del norte de Europa.
En referencia a los supuestos problemas de financiación de las pensiones, por los que los economistas ortodoxos creen que la ratio de dependencia es importante, se basan normalmente en falsas premisas sobre la restricción financiera del gobierno.
Debemos desprendernos de esa falacia que popularizó la Sra. Thatcher que sólo existe el dinero del contribuyente, y que el gobierno es totalmente dependiente de la financiación del sector privado. El dinero no es una mercancía escasa y valiosa que surgió entre los particulares para superar el trueque, ni tampoco aparece mágicamente en las transacciones comerciales, el dinero siempre ha sido una unidad de cuenta creada y emitida por una autoridad.
La realidad es que el contribuyente no tendría ni un céntimo para pagar impuestos o cotizaciones sociales, si antes un banco central no lo hubiera creado, y al mismo tiempo hubiera apoyado y supervisado a las entidades financieras para la creación de dinero bancario, que representan el 90% del dinero existente en nuestras economías.
En consecuencia, los impuestos sirven para obligar a los ciudadanos a convertirse en vendedores de bienes y servicios para conseguir la moneda emitida por el estado para poder pagarlos, y a la vez, de manera intrínseca, usarla en las transacciones comerciales en el sector público y privado.
…el verdadero problema de las pensiones tiene que ver con la cantidad de recursos reales, como por ejemplo alimentos, servicios sanitarios, ocio, vivienda, etcétera, a disposición de los pensionistas, y no con apuntes contables digitales…
Por tanto, el verdadero problema de las pensiones tiene que ver con la cantidad de recursos reales, como por ejemplo alimentos, servicios sanitarios, ocio, vivienda, etcétera, a disposición de los pensionistas, y no con apuntes contables digitales dentro de una “hucha”, ni tampoco con el hecho de que la ratio sea de 3 trabajadores por pensionista en lugar de 2. No tiene nada que ver la cantidad, sino la calidad de los trabajadores y la de un sistema económico que sea productivo y de alto valor añadido, que genere bienes y servicios suficientes para todos los ciudadanos, incluidos los que no trabajan por razones de edad.
Querer obtener superávits públicos para hacer frente a futuros gastos denota un total desconocimiento de la identidad de los balances sectoriales, ya que la evidencia empírica ha demostrado que provocan la disminución de la demanda agregada, recortes en educación y sanidad, crecimiento del paro y finalmente recesión económica. En la misma línea, abogar por aumentar el ahorro de los trabajadores para pagarse la pensión cae en el típico error de falacia de composición en economía y es poco realista teniendo en cuenta que el 46% de los españoles encuentran difícil o muy difícil llegar a fin de mes, según el último CIS.
En definitiva, las verdaderas soluciones para el bienestar de los pensionistas son financiar adecuadamente la educación pública y la mejora de la productividad. Los gobiernos deberían esforzarse por garantizar que los estudiantes estén plenamente ocupados en la escuela formal, la formación profesional y que la tasa de paro juvenil fuera nula. Es crucial aumentar la inversión en Investigación y Desarrollo en España, que está, una vez más, a la cola de Europa. En suma, el crecimiento económico a largo plazo que sea también medioambientalmente sostenible será el determinante más importante para mantener los bienes y servicios reales para la población en el futuro.
El BCE dispone de todos los recursos financieros necesarios para garantizar que los gobiernos de los Estados miembros puedan conseguir el pleno empleo, invertir suficientemente en educación y formación y también para pagar las pensiones. Desgraciadamente, la estructura y la ideología neoliberal del sistema monetario europeo impiden estas posiciones políticas responsables y abren el debate sobre la recuperación de la soberanía monetaria en nuestro país.
La justificación teórica del federalismo interestatal de la UE y del Mercado Común económico se basa en la creencia Hayekiana de que las transacciones económicas unen a las sociedades en redes de interdependencia ventajosas. En esta concepción, el dinero no es, como insistió Simmel, un vínculo con la sociedad, sino que es simplemente la medida y la representación «neutra» de los vínculos económicos. Por eso, la teoría del dinero crédito o cartalista proporcionan una mejor comprensión de la historia corta pero problemática del euro.
Nuestra comprensión de la naturaleza del dinero, qué es y cómo se produce, está íntimamente ligada al conflicto social sobre quién debe controlar su creación y, por implicación, cómo utilizarlo.
Una buena muestra de ello es el hecho de que mucha gente no sabe, y por tanto no cuestiona, que España es uno de los pocos países que quedan en Europa que limita las pensiones al importe recaudado por medio de cotizaciones sociales. Pretenden hacernos creer así que existe una limitación financiera al gasto en pensiones. El resto de países incluyen las pensiones como una partida más de los Presupuestos Generales del Estado.
España es uno de los pocos países que quedan en Europa que limita las pensiones al importe recaudado por medio de cotizaciones sociales. Pretenden hacernos creer así que existe una limitación financiera al gasto en pensiones. El resto de países incluyen las pensiones como una partida más de los Presupuestos Generales del Estado.
Mientras en España la cuantía y las condiciones para obtener una pensión se endurecen, al mismo tiempo mejoran exponencialmente la cuantía y las condiciones para obtener dinero para armamento. El dinero destinado a armamento se llama inversión, el destinado a educación, sanidad y pensiones se llama gasto, un claro ejemplo de metáfora conceptual según George Lakoff. Así pues, las absurdas reglas fiscales de la UE se relajarán, siempre que se gaste en armas, y mientras tanto, el Sr. Sánchez presiona al BEI para obtener más dinero para armamento.
En la misma línea, el banco central más “independiente” del mundo, el BCE, mediante la llamada expansión cuantitativa, creó millones de euros para aumentar la liquidez de los bancos mediante la recompra de bonos gubernamentales con la idea de facilitar el crédito a empresas y familias. Sin embargo, el resultado final fue un aumento del precio de los bonos gubernamentales, que fueron vendidos para invertir en otros activos más rentables, como acciones en bolsa, coches de lujo, obras de arte e inmuebles, creando una burbuja inmobiliaria y, por ende, la incapacidad de la mayoría social de acceder a la vivienda.
Asimismo, la decisión de aumentar los tipos de interés para combatir la inflación es un mito que lo único que hace es crear aún más tensiones inflacionistas y provocar una redistribución regresiva de la renta, empobreciendo a los deudores y debilitando la economía mediante el endurecimiento del crédito, todo ello, para transferir aún más recursos al decil más rico de la población.
La pregunta que surge es, si tecnócratas no electos del BCE pueden crear dinero para refinanciar bancos privados y enriquecer la plutocracia financiera. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo para mejorar las prestaciones a familias, educación, sanidad y pensiones?
La respuesta ya la dio hace muchos años el sociólogo Max Weber, que interpretó al capitalismo moderno como “la lucha por la existencia económica”, en la que el dinero es una “arma” utilizada por intereses en conflicto, ya sea para conseguir los privilegios de unos grupos sociales y reforzar su posición, o ser utilizado como un bien público para conseguir el bienestar colectivo.
