Bizancio en nuestro estado de bienestar

La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó en marzo un informe titulado Informe de evaluación de la regla de gastos de las pensiones. El informe delata la ideología neoclásica de una institución surgida de la reforma constitucional impuesta por la Unión Europea en 2011 y aprobada por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, de forma irreflexiva e imprudente. El informe responde a una consulta del Gobierno sobre el impacto estimado de las medidas adoptadas en el sistema de pensiones a partir de 2020 y se deriva de una obligación incluida en el Real Decreto – ley 2/20231, de 16 de marzo de 2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Una vez más decepciona un gobierno, sedicente el “más progresista de la historia”, con fijaciones que cuadran perfectamente con el análisis económico neoclásico. ¿Para qué incluye esta disposición adicional segunda que da encargos a una agencia que debería extinguirse inmediatamente?

El mismo título delata que la preocupación de sus autores no es el bienestar de los pensionistas. La disposición segunda del citado Real Decreto prescribe que a «partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, AIReF) publicará y enviará al Gobierno un Informe de Evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calculará el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea».

El informe no tiene ningún interés real porque sus conclusiones son absolutamente irrelevantes para el bienestar de la ciudadanía. Antes, al contrario, redundan en el discurso de una ficticia restricción presupuestaria al gasto público que sirve para justificar que no se mejore el estado de bienestar. Los mismos autores confirman que la sostenibilidad financiera es su preocupación principal. Así, leemos en su introducción, que «el cumplimiento de la regla de gasto o de la cláusula de cierre no puede reemplazar un análisis completo y detallado de las implicaciones del envejecimiento sobre la senda de gasto en pensiones y del impacto de las medidas de reforma implementadas en términos de la trayectoria de la deuda (sostenibilidad)…».

No obstante, la AIReF estima que «el impacto medio anual de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones es del 1,4% del PIB en el periodo 2022-2050. Advierte el informe que esta «dinámica del gasto en pensiones unida a la evolución prevista de las cotizaciones, que se estima aumentarán un punto, situándose en el 10,1% del PIB, implica que a lo largo del horizonte de proyección será necesario aumentar las transferencias procedentes del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos de PIB. Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento» y recomienda que se «integre la regla de gasto de pensiones, alineándola con los objetivos y plazos del marco fiscal tanto europeo como nacional». Esa dicotomía de gasto público  —mayor gasto en pensiones=menos dinero para otras partidas— es falsa siempre que existan recursos ociosos en nuestra economía. Por otra parte recurren a los clásicos cuentos de espantaviejas sobre la necesidad de recurrir al endeudamiento. Un Estado emisor de moneda no es un hogar al que la carga de la deuda podría llevar a la insolvencia. Aunque España ha renunciado a su plena soberanía monetaria, es uno de los emisores del euro y su gobierno tiene asiento en el Consejo Europeo, representación en la Comisión Europea y, los partidos de la coalición gobernante, representación en el Parlamento Europeo. Desde esos foros el «gobierno más progresista» de la historia podría plantear reformas al marco institucional de austeridad que nos impone la Unión Monetaria Europea. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no entienden la ideología neoliberal que inspira los Tratados de la UE o porque comparten esa ideología?

IMPACTO MEDIO ANUAL DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A PARTIR DE 2020 PARA FORTALECER LOS
INGRESOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN EL PERIODO 2022-2050 (% PIB). Fuente AIReF

Los autores del citado informe calculan que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento actualizado con los últimos datos observados se sitúa en el 14,6% del PIB, cuatro décimas por debajo del límite del 15% del PIB. Cabe preguntarse qué transcendencia tiene ese mágico umbral del 15%. Si la población española está envejecida resulta lógico pensar que la composición del gasto tiene que reflejar su composición demográfica. Es forzoso gastar más en pensiones, residencias, gerontólogos y cuidadores. Si el resultado es que el gasto suba a, digamos, el 20%, eso no tiene más transcendencia que reflejar la realidad de que este tipo de gasto es el que necesitamos para que nuestra población anciana viva con dignidad. No hay ningún argumento científico que nos explique que el gasto en pensiones debe quedar debajo de un determinado guarismo salvo el de la comparación con otros países aún más cicateros. ¿Acaso, si tuviéramos un boom de nacimientos, no observaríamos que un mayor porcentaje del gasto público se dirigiría a construir escuelas y jardines de infancia?

Gasto en pensiones, por tipo de pensión, en % del PIB (Fuente: Eurostat)

¿Por qué no se plantea el informe preguntas mucho más relevantes como cuál debería ser el importe de una pensión que garantizara un nivel de vida digno; o qué inversiones debe hacer el Estado para atender las necesidades de una población envejecida? Dime qué preguntas haces y te diré cuál es tu sesgo ideológico. Las preguntas que hace el actual gobierno de España denotan su profunda orientación ideológica neoliberal. Por otro lado, resulta irritante constatar como siempre se preguntan los economistas por la sostenibilidad de las pensiones públicas, pero nunca sobre la del Ejército de Tierra, la de la Armada, la de la Judicatura, la de la red de trenes de alta velocidad o la de la Casa Real.

Lo que lleva preocupando al gobierno y demás agentes sociales implicados en el llamado Pacto de Toledo desde hace años es crear una madeja de reglas que impidan que las pensiones alcancen un nivel que asegure el bienestar de sus perceptores. Este entramado institucional, a cuya elaboración han contribuido también los sindicatos UGT y CCOO, ha configurado un conjunto de reglas bizantinas, muchas de ellos difíciles de entender para la mayoría de la sociedad. Son pretendidamente sofisticadas pero su finalidad última es limitar el pago de pensiones generosas. Incluyen:

• El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo adicional del 0,8% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo más pernicioso es la forma en que se justificó su introducción: que los jóvenes de hogaño no sufran perjuicios  cuando llegue su edad de jubilación, “repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones”. Como si un mayor impuesto sobre quienes ahora trabajan fuera a asegurar mayores recursos para pagar pensiones en el futuro. El MEI es solo un impuesto más, es decir, contribuye a reducir aún más la renta disponible de los jóvenes actuales.
• Un aumento gradual de las bases máximas de cotización. Actualmente éstas tienen un tope, lo cual quiere decir que las rentas muy altas pagan solo sobre un tramo de su renta lo cual convierte a las cotizaciones a la SS en uno de los impuestos más regresivos. En 2024 el tope mensual estaba en 4.690,50 € y en 2025 ha pasado a 4.909,5 €. Obviamente nos parece condenable la regresividad de este impuesto, pero esta medida la corrige apenas y sigue dejando fuera del mismo a las rentas del ahorro.
• La cotización adicional de solidaridad trata de hacer más presentable el sistema con un recargo sobre las rentas que excedan de la base máxima. Se pretende llegar gradualmente, muy gradualmente, a una cotización sobre el total de las rentas. Un primer segmento con una cotización del 5,5% (hoy 0,92%) de las rentas que exceden de la base máxima hasta el 10% adicional. Un segundo segmento que cotiza al 6% (hoy 1%) desde el 10% al 50% que excede de la base y una cotización del 7% (hoy 1,17%) sobre lo que pase en un 50% esa base máxima. Algo más de progresividad, pero introducida bajo la premisa errónea de que hay un déficit público que corregir y sobre un impuesto que recae íntegramente sobre las rentas del trabajo y que desincentiva la contratación de trabajadores.
• La reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pretende conseguir que los autónomos coticen en función de los ingresos realmente devengados y no por la base que ellos decidan, como venía ocurriendo tradicionalmente. Parece una medida que introduce progresividad, pero conviene recordar que una gran parte de esos autónomos viven en la precariedad absoluta. Si cotizaban por la base mínima en muchos casos es porque los ingresos que obtenían no daban para mucho más. Esto, por supuesto, no merece ninguna reflexión para la AIReF.
• El impacto permanente o estructural sobre los ingresos del sistema de los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional y de las medidas de reforma laboral simplemente nos informa de que, parte de las ganancias que han conseguido los trabajadores más depauperados, serán anuladas por una mayor tributación lo cual debería plantear preguntas sobre nuestro sistema tributario.
• La “hucha de las pensiones”, o fondo de reserva, es el absurdo invento del Gobierno del PP, luego asumido con entusiasmo por el PSOE, que ilusoriamente, encuentra sentido en que el gobierno ahorre en títulos de deuda creados por el gobierno. De hecho el gobierno de España celebraba que este año la hucha alcanzaría los 14 mm €, 5.009 mm€ más que se saca del bolsillo derecho y se mete en el izqierdo. El Gobierno estima que a finales de 2025 la “hucha de las pensiones” alcanzará los 14.000 millones de euros. Bien, es posible que en el activo del balance de la SS aparezca esa cifra, pero, también aparecerá en el pasivo del mismo Estado, así que saldo neto seguirá siendo cero. Agradeceríamos que el gobierno dejara que engañar a la población con triquiñuelas contables.
• Las transferencias del Estado a la Seguridad Social para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones son, al parecer, el pecado nefando de nuestro sistema. Teóricamente vivimos en un sistema de reparto, donde las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores en activo, que se pagan a través de la Seguridad Social. ¡Cómo se puede tolerar que el Estado tenga que aportar fondos adicionales para pagar las pensiones! En los presupuestos de 2024 se contemplaba que el Estado tuviera que aportar 53 mil millones € al pago de pensiones. Tal delito de lesa responsabilidad fiscal ha sido condenado por los conservadores que lo presentan como evidencia de que el sistema está quebrado. Así, leemos en la portada de El Mundo que «El Estado hace cada año transferencias milmillonarias a la Seguridad Social para contribuir al abono de las pensiones públicas, cuya cuantía mensual ya supera los 12.600 millones de euros, y sufragar el pago de gastos considerados «impropios» del sistema, que el año pasado supusieron 19.988 millones de euros y que el Gobierno baraja ampliar de aquí en adelante para poder costear de forma «plena» todos los gastos que no son de naturaleza contributiva». El tertuliano maleducado, Daniel Lacalle, advierte en su columna «Sí, la Seguridad Social está quebrada». Tanta estulticia merecería un bostezo si no fuera porque este discurso alarmista ha sido exitoso en socavar nuestro sistema de pensiones públicas.

Un sistema regresivo, clasista y desincentivador

1. Nuestro sistema de Seguridad Social debería reformarse en profundidad. Las cotizaciones son un impuesto regresivo debido a los topes de las bases de cotización, algo que la reforma de las bases máximas sólo corregirá parcial y lentamente. Además son clasistas porque sólo se aplica sobre las rentas del trabajo dependiente y autónomo. Las rentas del ahorro y de la propiedad no cotizan. Por último son un pésimo impuesto porque, en el país de Europa con las mayores tasas de desempleo, nos empeñamos en desincentivar las contrataciones encareciendo los costes salariales. La regresividad extrema de las cotizaciones a la Seguridad Social se puede apreciar perfectamente en la siguiente tabla extraída del 9º informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles  que elabora FEDEA. El centil más rico de los hogares españoles soporta un tipo medio efectivo del 1,1% mientras que el quintil más pobre soporta uno del 5,1%. Estos datos deberían poner en cuestión el inquebrantable apoyo de los sindicatos y de algunos progresistas a nuestro sistema de Seguridad Social.

El clasismo del sistema se traslada a las prestaciones. El hecho de que la pensión máxima, 3.267,6 €/mes, solo la cobren 373.527 personas, el 80% varones, demuestra que no se trata de crear un sistema que mejore los niveles de vida de la población sino que perpetúa las desigualdades. Aquellas personas que tuvieron mejor fortuna en su vida profesional son las que mayores pensiones reciben. En contraste las pensiones de viudedad, que cobran mayoritariamente mujeres, son claramente escuálidas con un promedio de 933.48 €. El promedio de las pensiones de jubilación está en 1503 € pero hay 2 millones de personas que cobran pensiones mínimas que no garantizan un mínimo nivel de bienestar. La pregunta que pocos se hacen es ¿por qué desde el Estado se validan las desigualdades surgidas en el sector privado? No deberían ser todas las pensiones iguales y dignas para todos.

Unos principios éticos mínimos

La Economía neoclásica se ha postulado como la más rigurosa de las ciencias sociales. Tal aserto se apoya en un aparato matemático pretencioso, carente de toda utilidad práctica, basado en unos fundamentos teóricos alejados de la realidad pero que han sido útiles para crear un discurso de escasez frecuentemente ficticia. Su definición de la Economía es la de una “ciencia” que estudia la asignación de recursos escasos entre deseos ilimitados. La economía neoclásica construye sofisticados modelos para  justificar la distribución desigual de la renta o la retribución excesiva del capital y los rentistas en detrimento de la clase trabajadora. Es también el fundamento teórico que permite justificar que se deje a una parte de la población desempleada y, en el caso que nos ocupa, que las pensiones sigan siendo insuficientes para garantizar un nivel de vida digno para gran parte de los jubilados, viudos e incapacitados. La economía neoclásica no sirve para avanzar los intereses de la mayoría social.

Contrástese esa visión con una heterodoxa de la economía, que plantea ésta como el estudio de la creación social y distribución social de los recursos de la sociedad. Esta aproximación permite abordar los problemas económicos desde otra perspectiva, mucho más útil para el bienestar del máximo número de integrantes de la sociedad.

La restricción real

Desde la aproximación heterodoxa de la teoría monetaria moderna sabemos que aducir restricciones financieras en el pago de pensiones carece de fundamento. Sabemos que la restricción relevante es la existencia de recursos reales que puedan adquirirse con ese dinero creado por el Estado. El dinero lo crea el Estado al ejecutar el gasto público. Por tanto el pago de pensiones implica la creación de los fondos necesarios. No hay que buscar los fondos con impuestos ni cotizaciones. ¡Ya los crea el Estado!

Sí, es cierto que las cohortes del baby boom empiezan a jubilarse. La pirámide de población española ya no tiene esa forma sino la de un árbol con una copa densa de ancianos y un estrecho tronco de jóvenes. La tasa de dependencia (el numero personas dependientes —niños, mayores y discapacitados que obviamente no están ni deben estar en el mercado laboral— dividido por la población activa) supera hoy el 54% y el INE proyecta que llegará al 75%. Esto podría causar una escasez de mano de obra para producir los bienes y servicios que requiere toda la población. Por cierto, si esto alarma a políticos y economistas habrían hecho bien en asegurar el pleno empleo entre la población joven. Sería ingenuo pensar que la precariedad laboral que llevamos sufriendo desde los 80 no ha tenido nada ver en el hundimiento de las tasas de natalidad. Pretender que la natalidad repunte, cuando somos los campeones europeos del desempleo juvenil con una tasa del 28,36%, es ingenuo.

Por tanto los recursos ociosos abundan en este país. La tasa de desempleo registrado es del 11,36%, ¡2.789.000 personas! Si  medimos la tasa de desempleo U6, que nuestro Instituto Nacional de Estadística se niega a publicar para evitar el bochorno, resulta que el 18,9% de la población en edad de trabajar está desempleada o subempleada. Además en 2024 había 3,4 millones de viviendas vacías. También producimos alimentos de sobra. El año pasado exportamos alimentos por valor 75.090 millones de euros, un incremento del 5,8% respecto al año anterior. Con un sistema sanitario colapsado resulta que no somos capaces de pagar salarios suficientes para que nuestros profesionales sanitarios no prefieran buscar empleo en el extranjero.

A la abundancia de recursos domésticos hay que añadir que el gobierno ha tolerado la entrada de unos 700.000 inmigrantes cada trimestre, seguramente para contentar a una clase empresarial que protesta si ve que tiene que empezar a subir salarios para contratar trabajadores.

Por último, no olvidemos que la productividad de nuestra economía contemporánea es espectacular y que, si realmente llegan a faltar trabajadores, seremos capaces de aumentarla aún más.

Más bien deberíamos preocuparnos por la falta de plantificación de nuestras autoridades para gestionar el envejecimiento. Leemos que hay un «déficit» de plazas en residencias de mayores: caen por debajo de  400.000 y caen por primera vez en diez años. La fijación en la pretendida restricción financiera es también una excusa tras la que se agazapan políticos que no quieren trabajar en planificar nuestra economía.

Otro sistema de pensiones públicas

El abordaje al problema de las pensiones debe ser completamente distinto. Armados con un conocimiento de la teoría monetaria moderna, nos proponemos una reforma de nuestro sistema de pensiones que acabe con el modelo clasista, arcaico y regresivo vigente. Debemos superar el Sistema de la Seguridad Social, «un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define» basado en los «principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad intra e intergeneracional que deben guiar el diseño de un sistema de pensiones». En su lugar proponemos que las pensiones públicas sean simplemente un mecanismo para asignar un excedente productivo creado por la población trabajadora a la población dependiente para asegurar que ésta pueda disfrutar de un nivel de vida digno durante la etapa en la que se encuentre en situación de dependencia.

Por ello integraríamos la Tesorería General de la SS en la Tesorería general del Estado para que las pensiones se paguen desde los presupuestos generales del Estado. La separación de Tesorerías es una excusa para crear una ficción de escasez y justificar el pago de pensiones miserables. Suprimiríamos las cotizaciones a la SS, un tributo regresivo y contraproducente que dificulta la creación de empleo.

Desecharíamos las reglas de cálculo de las pensiones basadas en cotizaciones pasadas. Nuestro sistema de pensiones no puede basarse en infortunios o golpes de suerte del pasado. En su lugar estableceríamos unas pensiones dignas idénticas para toda la población. Por supuesto disolveríamos el pacto de Toledo ya que las reformas se deben discutir en las Cortes, no a puerta cerrada entre agentes sociales que hace tiempo dejaron de representar quienes dicen representar.