En la cultura política que surgió a partir de los movimientos de protesta del 15-M se convirtió en lugar común hablar de las ‘puertas giratorias‘ para explicar muchos de los comportamientos de connivencia entre la clase política y los grandes oligpolios, sobre todo del sector energético. Sin duda las puertas giratorias debían de ser una de las causas del elevado coste de la energía que contribuyó a la existencia de una penosa pobreza energética en nuestro país. Una vez identificada la causa bastaría con que llegara al Gobierno un partido libre de esos vínculos indecentes para conseguir una evolución razobable de los precios de la luz. De hecho Unidas Podemos llevaba en su programa bajar el precio de la luz con medidas tales como rebajar el IVA, revertir la reforma del mercado eléctrico, reducir el consumo para posiblilitar que toda la demanda quedase cubierta con fuentes renobables y crear una empresa pública de eléctricidad.
Sin embargo, la izquierda española ha obviado el papel de la Unión Europea en el diseño de las políticas energéticas. Quizás una confundida e inocente tradición europeísta/internacionalista le ha impedido contemplar con objetividad cuál era el papel de esa organización multilateral que no es otro que erigir una barrera a cualquier tipo de pretensión democratizadora. La UE sirve para que las demandas “populistas” que pretenden someter los grandes poderes económicos a los fines públicos sean desactivadas con un espeso entramado legal, siempre con argumentos de apariencia técnica de nuclear blancura.
Ahora que Unidas Podemos (UP) está en el Gobierno ha tenido que soportar el bochorno de ver como, pese a sus contundentes promesas electorales, el precio de la luz ha alcanzado máximos históricos. Se está estrellando con la realidad de un Estado que ha perdido su soberanía no solo monetaria sino también normativa en muchos terrenos. La izquierda española no se había dado cuenta de que nuestras Cortes Generales han quedado reducidas a la condición de asamblea regional cuya función se limita a la trasposición de directivas europeas. Sí, en las Cortes se sostienen animados debates de tono cada vez más subido, pero con poca trascendencia práctica.
UP ha presentado una serie de propuestas, sobre todo fiscales, que tememos tendrán poca consecuencia ya que van encallando con el escaso margen de maniobra que nos otorga la legislación europea. La propia ministra de Transición Energética reconocía su impotencia para aplicar medidas que contuvieran la escalada de precios porque la Comisión Europea está satisfecha con el modelo actual.
En un reciente artículo de análisis, nuestro compañero Stuart Medina advertía de que el problema de los precios de la luz iba más allá de las puertas giratorias y señalaba a un determinado diseño institucional. La Comisión Europea (CE) ha recordado al Gobierno de España esta misma semana que este diseño no se toca. Ha avisado de que no puede haber intervenciones políticas en el precio de la luz. Lo dice como si el mercado de la electricidad fuera un ecosistema natural que podría sufrir graves alteraciones y desequilibrios si se interviniera en él. Para la Comisión Europea el funcionamiento de este mercado cumple su cometido porque se “crean las señales de precio que conducen la inversión hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyan la transición a la neutralidad climática”.
Pero el posicionamiennto de la CE tiene varios problemas. El primero es que pretende transmitir la ilusión de que operamos en un mercado competitivo. Pero no es así. En España tres firmas controlan prácticamente toda la generación y la distribución eléctrica. De ese modo el sistema de subastas en el mercado mayorista es un teatro en el que “Endesa eólica” compite con “Endesa ciclo combinado” o “Iberdrola solar” compite con “Iberdrola nuclear”. Es ingenuo pretender que estas firmas no estén en la práctica manipulando el mercado para maximizar su beneficio. El segundo problema es el modo en el que la Comisión Europea pretende conseguir la transición energética con “mecanismos de mercado” como el que pone precio a las emisiones de CO2. El sistema se ha diseñado para conseguir un encarecimiento de la energía eléctrica y, de esta forma, expulsar del mercado a quien no puede pagarla. En otras palabras, se trata de reducir la demanda creando pobreza energética con la vana esperanza de que toda la demanda pueda cubrirse con oferta procedente de renovables. Al final los ricos podrán consumir tanto como quieran y los sacrificios los harán los pobres. Disentimos con este modelo que genera exclusión y es socialmente regresivo. Esto no es un Green New Deal; es una estafa a los hogares.
Hay otras formas de consguir una transición energética sin recurrir a mercados ficticios y crear beneficios caídos del cielo para las eléctricas. La reciente prohibición de los plásticos de un solo uso es un buen ejemplo. Ya no se pueden comprar bastoncillos de algodón fabricados con canutillo de plástico. El mismo sistema se podría utilizar en la generación eléctrica: los estados europeos podrían elaborar un plan de transición energética con un calendario de eliminación de las fuentes de generación contaminantes y de inversiones para asegurar que la producción renovable las sustituya gradualmente.
La reacción de la CE y la impotencia del gobierno español nos lleva a una última reflexión: no eran solo las puertas giratorias. Detrás de los precios de la luz está una ideología encarnada por la Unión Europea. De nada sirve pretender que las soluciones se puden encontrar en el nivel nacional cuando hace tiempo que nuestro país perdió parcelas importantes de soberanía. La izquierda debería empezar a plantearse si tiene la capacidad de determinar las políticas que desarrolla la UE. Es probable que no tenga esa capacidad y, por tanto, debería empezar a reconocer las limitaciones para la democracia y la actuación política dentro de la UE. Quizá haya llegado el momento de que la izquierda reclame la recuperación de la plena soberanía monetaria y económica si quiere desarrollar políticas inclusivas en pro de la mayoría social.
