Los pilares de la introducción de la nueva moneda

Este texto es un fragmento del libro El Leviatán Desencadenado escrito por el autor y publicado por Lola Books.

La salida del euro y creación de une nueva moneda (que propongo llamar peso en un guiño a nuestra gloriosa historia monetaria) se apoya en seis pilares básicos:

1.      Introducción de la nueva moneda: el estado realiza todos sus pagos en la nueva moneda.

¿Cómo se crea una nueva moneda? Es algo que parece complejo y sin embargo es extraordinariamente sencillo. Basta entender que, en los sistemas monetarios modernos, la moneda es un monopolio público. Este monopolio implica en primer lugar que el estado define la unidad de cuenta que se empleará en el ámbito de su soberanía. Tal unidad de cuenta permite utilizar una medida para todas las transacciones de la economía y permite que éstas tengan lugar cuando no existe reciprocidad en una transacción. Si yo entrego a un cliente una mercancía o le presto un servicio puedo tratar de recibir un bien equivalente a cambio. Por poner un ejemplo puedo acordar con mi vecina el canje de un kilo de azúcar por una docena de huevos. No necesito documentar esta transacción, en la que hay contrapartida real, asignándole un valor económico. Sin embargo, las transacciones basadas en el canje son muy esporádicas y complejas de ejecutar. Una economía basada en el trueque es difícil de llevar a la práctica y solo ha existido esporádicamente en la historia de la humanidad^[1]. En nuestra vida diaria la mayor parte de las transacciones sin contrapartida inmediata, es decir, se basan en el crédito.  Si le entrego un kilo de tomates o le siego el césped a mi vecino pero a cambio no recibo algo tangible en este momento al menos necesito saber qué puedo recibir a cambio en el futuro. Para eso necesito utilizar una unidad de cuenta que me permita decir que una hora de mi trabajo o un kilo de tomates valen X euros. De esta manera estoy generando un derecho para reclamar una parte de la producción futura de mis vecinos. Ésta unidad de cuenta solo puede ser definida y administrada de forma eficaz y confiable por una autoridad reconocida por todos, es decir, el estado.

El monopolio del estado sobre la moneda no admite la competencia de otra moneda. Habrá quienes objeten que durante la introducción del euro la peseta y la nueva moneda circularon durante un período transitorio en paralelo. La explicación es que el tipo de cambio peseta euro se había fijado de forma irrevocable un par de años antes y por tanto nuestra antigua moneda se había convertido en una fracción no decimal del euro. Aunque coexistieron monedas y denominaciones de dos sistemas monetarios distintos esto solo era una apariencia. A partir de 1999 la peseta desapareció y la sustituyó el euro aunque físicamente tuviera el aspecto de la peseta.

Una vez definida y establecida la unidad de cuenta el siguiente paso es la creación de moneda. El circuito del dinero empieza forzosamente por un acto del sector público.  Si el lector piensa un momento en los billetes y monedas que encuentra en su bolsillo y los examina con detenimiento se dará cuenta de que estos han sido fabricados por el estado. En los antiguos billetes de banco de la peseta española aparecía la frase «El Banco de España pagará al portador X pesetas». Efectivamente uno podía entrar en una sucursal del emisor y entregar en la ventanilla un billete de mil pesetas. A cambio le podían entregar otro igual o dos de quinientos. El dinero lo crea el estado y no puede ser redimido más que a cambio de dinero del estado. Si esto así, el estado tiene que ser el primero en poner en circulación el dinero. La moneda es simplemente un pagaré emitido por el estado, el reconocimiento de un deber de pago por la entrega de bienes o servicios prestados sin reciprocidad. Para emitir la nueva moneda el gobierno simplemente gastará entregando pagarés denominados en la nueva unidad de cuenta. Para entender cómo funciona el dinero el lector puede imaginarse en un circuito abierto en el que se producen entradas y salidas. El gobierno crea moneda gastando y la forma en que gasta es entregando monedas que ha acuñado o, más modernamente, dando instrucciones de abonar un importe en la cuenta bancaria de un proveedor, lo cual se hace con meros tecleos en un ordenador.  De lo que antecede se deduce que, para poner en manos del sector privado cantidades suficientes de la nueva moneda, el estado realizará todos sus pagos única y exclusivamente en la nueva moneda a partir de determinada fecha. Si realizara parte de sus pagos en euros podría ocurrir que el público no tuviera en sus manos suficiente dinero en su bolsillo como para cubrir las necesidades de liquidez del sector privado o pagar sus impuestos.

2.      Obligación de pagar los impuestos únicamente en pesos

Existe una cierta confusión acerca del papel que juegan los impuestos en la economía. La mayoría de las personas están convencidas de que un estado necesita recaudar impuestos para financiar su gasto público. Sin embargo, para un estado dotado de soberanía monetaria esto no es cierto. El estado no necesita nuestros euros porque puede crear nuevos euros a coste prácticamente cero (Recordemos que la mayor parte del dinero que circula actualmente no es más que un apunte contable que se crea cuando alguien en el Tesoro pulsa unas teclas de un ordenador). El dinero es aceptado en tanto en cuanto es necesario para pagar impuestos al estado. Si los ciudadanos están obligados a pagar impuestos en el dinero del estado tendrán que ingeniárselas para encontrar ese dinero de algún lado, ya sea vendiendo mercancías o prestando servicios al estado, ya haciendo negocios con otras personas o empresas que han conseguido dinero del estado anteriormente. La principal función de los impuestos es crear demanda para el dinero del estado^[2] o, dicho de otra forma, los impuestos son los que dan valor al dinero. Hemos decidido que el estado tenga este poder para que pueda suministrar bienes y servicios públicos como la enseñanza o la sanidad. Por eso decimos que la soberanía monetaria se basa en la emisión de moneda nacional y en la capacidad de recaudar impuestos en la misma.

Los impuestos cancelan el dinero creado previamente por el estado y de esta manera de cierra el circuito de su creación y destrucción. Podemos definir el dinero como una especie de crédito fiscal. Si el estado español quiere crear demanda por su nueva moneda no podrá aceptar euros en pago de los tributos y debe exigirle a los ciudadanos que paguen todos sus impuestos, tributos y tasas en pesos sin excepción alguna. Al recaudar impuestos única y exclusivamente en pesos, las personas con fondos en euros se verán obligadas a venderlos para obtener pesos con los que cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta obligación se extenderá incluso a liquidaciones de impuestos pendientes de pago y devengadas antes de la fecha de transición a la nueva moneda. Las devoluciones de impuestos producidas con posterioridad a la fecha de introducción de la nueva moneda también se harían en la nueva moneda sin excepciones.

En cambio, parece razonable que los precios públicos, tasas, tarifas de transporte y demás pagos realizados al estado de forma anticipada sigan siendo reconocidos después de la adopción del peso. Por ejemplo, los sellos de correos podrían ser utilizados hasta dos años después de la transición por su valor facial convertido en pesos a razón de 1:1. Los títulos de transporte seguirían valiendo durante un tiempo prudencial.

3.      Tipo de cambio flotante

El día de introducción de la nueva moneda todos los precios y contratos deberán referirse en la nueva unidad de cuenta. Para realizar esta adaptación el estado deberá definir una tasa de conversión. Podríamos volver a nuestra antigua peseta pero esto tiene un gran inconveniente. En 1999 los tipos de cambio de todas las divisas europeas que iban a integrarse en el euro se fijaron de forma irrevocable, en nuestro caso a razón de 166,386 ₧ por euro. Volver a la antigua moneda respetando ese tipo de cambio complicaría la transición a la nueva. Después de haber acostumbrado a la población a calcular precios en euros pedirles que volvieran a pensar en pesetas resultaría una broma pesada. Cuando se introdujo la moneda común europea, uno de los aspectos que más dificultades causaron a los ciudadanos cuando cerraban transacciones con la nueva moneda fue la necesidad de tirar de calculadora o de realizar el ejercicio mental de calcular los precios en pesetas para volver a una referencia con la que estaban familiarizados. Un tipo de cambio con seis dígitos no resulta demasiado sencillo ni siquiera utilizando una regla mnemotécnica aproximada como la de 1.000 ₧=6 euros. El cambio será mucho más sencillo si no volvemos a la peseta e introducimos una nueva unidad de cuenta. Sería más fácil plantear la reintroducción de una nueva moneda a un tipo de cambio 1:1 con el euro. Este tipo de cambio tiene la ventaja de evitar varios problemas simultáneamente: dificultará la tentación de redondear precios al alza al recalcularlos a la nueva moneda; ahorrará a los comerciantes el reetiquetado inmediato de las mercancías en sus anaqueles y almacenes y la publicación de nuevas listas de precios; facilitará la conversión de los balances de las empresas; la actualización de todos los contratos en vigor será tan sencilla como decir que, a partir de la fecha de creación de la nueva moneda, donde antes ponía “euros”, ahora debe decir “pesos”; y evitará el esfuerzo mental de calcular una equivalencia cada vez que cerramos una transacción. De esta manera evitaríamos costosas implantaciones de nuevos programas de gestión que podrían adaptarse rápidamente con un “parche” informático que cambie la denominación de todas las partidas para indicar que donde antes había euros ahora hay pesos. Para las pequeñas empresas y los negocios familiares sin negocios en divisas ni siquiera sería necesario actualizar su programa informático salvo que decidieran operar simultáneamente con ambas monedas en lo sucesivo.

4.      Libertad de convertir depósitos en euros a pesos a discreción del titular de las cuentas

En las numerosas experiencias de rupturas monetarias las autoridades han impuesto la conversión obligatoria de todos los depósitos bancarios a la nueva moneda. Mosler y Pilkington (Mosler & Pilkington, Mosler/Pilkington: A Credible Eurozone Exit Plan, 2011), en su plan de salida del euro, desaconsejaron esta medida. La no obligación de convertir los depósitos en euros evita la creación de una sobreoferta de pesos en manos de ciudadanos que no desean mantener sus ahorros en esa moneda y por tanto evitará la depreciación de la nueva moneda. La conversión obligatoria de los depósitos bancarios supondría la creación y puesta en circulación por parte del Banco de España del equivalente a más de 300 mil millones de euros de la nueva moneda nacional. A cambio podría incorporar a sus reservas de divisas los saldos en euros.  Es una operación masiva que tenderá a apreciar la vieja moneda común europea y depreciar la nueva moneda española. Además, si por motivos de su exclusiva incumbencia, los ciudadanos no quieren tener depósitos en euros se producirá una venta de pesos en el mercado para recuperar los euros lo cual pondrá aún mayor presión vendedora sobre nuestra moneda. El Banco de España observaría como esas ingentes reservas de 300 mil millones de euros empezarían a menguar rápidamente en un vano esfuerzo por ralentizar la caída de la cotización de nuestra divisa vendiendo euros y comprando pesos. La depreciación encarecería las importaciones y tendría efectos potencialmente inflacionistas.

Si el gobierno no toca sus depósitos, los ciudadanos que quieran pesos para pagar sus impuestos o hacer compras en la moneda local los buscarán en el mercado cuando los necesiten. Esta política podría tener la paradójica consecuencia de generar escasez de la nueva moneda en el mercado provocando que se apreciara. La misma recomendación es aplicable a la deuda emitida por el estado que no es más que un tipo especial de depósito. A 31 de diciembre de 2015 la deuda emitida por el estado español ascendía a 1 billón de euros, prácticamente el 100% del PIB español. Sin embargo no toda ella es exigible en el corto plazo. Pretender que todos los tenedores de esta deuda quieren mantenerla en sus carteras si se convierte a la nueva moneda es poco realista. Redenominarla a pesos de un día para otro sería equivalente a una operación de emisión masiva de títulos denominados en la nueva moneda que provocaría una depreciación considerable de la nueva moneda. Es más prudente que el estado compre los euros que necesita en el mercado gradualmente para servir los pagos de su deuda a medida que van venciendo los plazos de intereses y principal. Una política que permita restablecer rápidamente el crecimiento y el pleno empleo haría descender el valor de la deuda en porcentaje del PIB y además atraería capitales extranjeros deseos de invertir en el nuevo milagro económico español.

En algunas experiencias históricas al producirse la introducción de nuevos billetes y monedas el estado obligaba a los ciudadanos a entregar el efectivo denominado en la antigua moneda que obrase en su poder. Esta obligación no tiene ningún sentido y debemos consentir que los ciudadanos conserven cuantos billetes de euro decidan guardar bajo el colchón. Esos euros no son otra cosa que activos financieros respecto al resto del mundo de los que el estado no tendrá necesidad de apoderarse. En cambio es posible que el ciudadano los necesite para realizar transacciones internacionales. Privarles de los euros que desea mantener en su cartera los llevará a recuperarlos en el mercado lo cual solo contribuiría de nuevo a que se depreciare nuestra nueva moneda.

Es muy probable que durante un período de tiempo circulen en España la nueva moneda nacional y el euro. En muchos países limítrofes con la zona euro la aceptación de la moneda común es muy alta y quien haya viajado un poco habrá observado que en muchos países es fácil pagar con dólares de los Estados Unidos. Debe decidir el ciudadano si para hacer frente a sus gastos rutinarios y sus obligaciones fiscales le resulta más útil acumular stocks de una moneda extranjera. Aunque esta situación no tiene por qué suponer ningún problema sí que hace necesario acudir a menudo a las oficinas de cambio. Pronto descubrirá que esto tiene más molestias que ventajas. Pese a todo es necesario que durante un plazo determinado los bancos solo carguen un sobrecoste simbólico para realizar el cambio de euros a pesos. Así se asegurará que los bancos no se aprovechen de una situación de excepcionalidad para sacar un rédito económico que no les corresponde y además se facilitará la gradual transición a la nueva moneda.

5.      El Banco de España no será una entidad independiente

Una de las ventajas del sistema monetario europeo es que los bancos centrales nacionales de los estados miembro siguen existiendo. España no tendría que crear un banco central puesto que ya dispone de uno que cuenta con el personal y los medios necesarios para ejercer sus funciones. El Banco de España es de todos los españoles; no es una filial del BCE sino uno de los accionistas del Banco Central Europeo. No encuentro ninguna razón legal por la que tuviera que dejar de serlo pero parecería sensato que el Banco de España vendiera sus acciones en el BCE a los bancos centrales de los países que permanecieran en la Eurozona. Aunque el BCE no es una empresa privada sí tiene una estructura mercantil lo cual puede facilitar la separación del Banco de España. Habría que valorar el patrimonio neto del BCE para ponerle precio a las acciones en manos del Banco de España. Según el balance que publicó a 31 de diciembre de 2014 la entidad europea tenía un patrimonio neto de 22.450 millones €. El Banco de España tiene una participación del 8,84% en el capital de la entidad y, por tanto, los restantes socios deberían pagar al menos 1.984 millones € para sacarlo del accionariado. Además el BCE tendría que devolver unas reservas que fueron aportadas por el Banco de España por valor de 5.123 millones €. Ambos importes pasarían a formar parte de las reservas de divisas de la entidad española. Es probable que se llegara a un acuerdo relativamente rápido si la salida de España fuera amistosa y los restantes socios quisieren ayudar a que se produjere una transición rápida y eficaz. Si, por el contrario, la salida de nuestro país del euro fuera contenciosa la separación del Banco de España tardaría más tiempo en resolverse produciéndose la paradójica situación de que seríamos accionistas de un banco central extranjero. Pero tarde o temprano, en beneficio de todas las partes, debería llegarse a un acuerdo.

Una vez recuperado el Banco de España para nuestra soberanía monetaria habría que acabar con la ficción de la independencia de los bancos centrales, un dogma caro a los neoliberales. La independencia de los bancos centrales se basa en la premisa de que no se puede confiar en los gobiernos para gestionar la política monetaria puesto que su tentación sería utilizar el banco central para financiar el gasto público. La doctrina neoliberal sostiene que la ejecución del gasto público conlleva siempre un aumento de la oferta monetaria, lo cual es cierto siempre que no se cancele ese aumento de la oferta monetaria por la vía de los impuestos. (Esta doctrina olvida que la oferta monetaria también puede aumentar gracias a decisiones del sector privado pero los neoliberales no se arredran ante la evidencia). En una siguiente elaboración se incorpora a la mitología de la inflación otro mito llamado la teoría cuantitativa del dinero según el cual los precios crecen si aumenta la oferta monetaria. Veremos posteriormente que esta es otra falacia. Este falso silogismo conduce a la conclusión de que todo aumento del gasto público conlleva inevitablemente un aumento de los precios. Para acotar las tentaciones gubernamentales de ejecutar gastos inflacionistas la independencia de los bancos centrales y la prohibición de financiar a los estados es una de las prescripciones clásicas del neoliberalismo. La creencia en que debe haber una estricta separación entre banco central y gobierno para constreñir el gasto público explica que muchos estados y la propia UE hayan impuesto restricciones institucionales a la función de prestamista de último recurso de los bancos centrales al gobierno.

La función del banco central como prestamista de último recurso del gobierno es crítica para estabilizar los sistemas financieros. La prohibición de financiar a los estados desde los bancos centrales es más aparente que real. Como en toda sociedad puritana constreñida por normas de comportamiento ciertos deslices se consienten mientras no resulten demasiado conspicuos. Actualmente los bancos centrales ya no facilitan liquidez a los gobiernos pero si compran sus emisiones de deuda en los mercados secundarios. Es decir, los gobiernos emiten deuda que venden al sector privado y luego el banco central se la compra al sector privado. La estricta prohibición de financiar los estados ha sido soslayada por el propio BCE cuando ha sido necesario mediante el sencillo expediente de que los estados emitan deuda en los mercados primarios para que posteriormente la compre el emisor los mercados secundarios. ¿Se ha producido una financiación directa del estado? Stricto sensu no; de facto sí. Las apariencias se guardan porque se ha dejado un tiempo para que se formen los precios de forma competitiva y de esta forma el BCE compra la deuda a precios de mercado. Es una forma tortuosa de llegar al mismo resultado pero que satisface los temores irracionales del neoliberalismo.

Estas operaciones son fundamentales en primer lugar porque los precios de la deuda pública son una referencia fundamental para determinar la curva de tipos de interés. Los bancos forman los tipos de interés tomando como referencia los de los activos financieros teóricamente más seguros: la deuda pública. Otro importante cometido de los bancos centrales es estabilizar los mercados financieros. En momentos de crisis financieras puede ocurrir que los bancos necesiten deshacerse de sus posiciones de activos financieros para adquirir liquidez. Estas posiciones de los bancos privados suelen estar invertidas en … ¡deuda pública! Los bancos centrales juegan un papel fundamental comprando estas posiciones.  Merece un comentario aparte notar que, curiosamente, las limitaciones al funcionamiento de los bancos centrales como prestamista de último recurso del estado no se han aplicado a los bancos privados los cuales disfrutan de acceso a la financiación de los bancos centrales.

La obsesión por la independencia de los bancos centrales parece responder también a una mala comprensión de la función de estas entidades^[3]. Es difícil entender por qué una función de estabilización de los sistemas financieros debe estar sometida a una institución independiente del poder político. La incomprensión se muta en estupefacción cuando se revisa la mala actuación del BCE, epítome de los bancos centrales “independientes”, en la gestión de la crisis de los países periféricos de la zona euro. Las excesivas restricciones impuestas en los Tratados de la Unión Europea (TTUE) al funcionamiento del BCE han sido uno de los factores que han exacerbado nuestra crisis económica al dificultar una actuación rápida para estabilizar los sistemas financieros y atajar la especulación contra la deuda pública de los países de la periferia europea.

La independencia de los bancos centrales fue consagrada en los tratados de la UE. Una ley española aprobada en 1994 como consecuencia de las exigencias derivadas del Tratado de la Unión Europea (TUE)^[4] establecía que «en el desarrollo de sus actividades y para el cumplimiento de sus fines [el Banco de España] actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado». La independencia de los bancos centrales ha evitado intromisiones de los políticos en la gestión de la política monetaria pero ésta no ha sido recíproca pues los órganos de gobierno de estas entidades, generalmente integradas por unos tecnócratas no elegidos democráticamente, han conseguido imponer a los estados políticas monetarias fuertemente contractivas que han resultado en elevadas tasas de desempleo. La independencia del Banco de España no ha sido óbice para que sucesivos gobernadores del Banco de España pidieran reiteradamente políticas de contención en el crecimiento de las rentas, sobre todo de las salariales. Es conocida la identidad contable entre producto interior bruto y las rentas de los factores productivos y por tanto pedir que no crezcan las rentas es equivalente a pedir que no crezca la economía. Los responsables del Banco de España parecen haber sido enajenados por una obsesión insana que siempre se ha tratado de justificar en la necesidad de luchar contra la inflación. La independencia de los bancos centrales se basa en mitos económicos difundidos por el neoliberalismo para garantizar que una herramienta básica de política macroeconómica, como la política monetaria, no sirva al propósito de asegurar el pleno empleo. Esta independencia tiene una agenda oculta: crear desempleo para disciplinar a la fuerza de trabajo.

El profundo dogmatismo de los técnicos de los bancos centrales aconseja limitar su independencia. Esto no quiere decir que no deba asegurarse cierta independencia para evitar intromisiones políticas que dificulten la ejecución de sus actividades de formar similar a como se han establecido otras agencias independientes como la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario o la Agencia Estatal Tributaria. Pero conviene matizar a qué tipo de independencia nos referimos. Debe entenderse que la independencia se refiere a las herramientas que pueda utilizar el Bando de España para ejecutar la política monetaria. En macroeconomía tradicionalmente se ha distinguido entre herramientas, objetivos y fines. Es razonable dejar en manos de los técnicos la decisión de cómo se consigue un objetivo de tipos de interés o cómo estabilizar el sistema financiero. Para ello dispone de múltiples herramientas: puede utilizar la ventanilla de descuento, líneas de liquidez u operaciones de mercado abierto entre otras. Deben ser los técnicos quienes decidan qué herramientas utilizar y cuándo. Pero pensamos que no es apropiado dejar en manos de unos técnicos, generalmente afines a un determinado dogma económico, la determinación de los objetivos y fines de la política macroeconómica. Para empezar los objetivos deben ser establecidos políticamente y de forma coordinada con el gobierno. La disfuncionalidad del BCE y del sistema europeo de bancos centrales (SEBC) se deriva en parte de la definición limitada de su mandato. El protocolo incorporado a los TTUE que recoge el estatuto del banco central estipula en su artículo 2 que su objetivo primordial será «mantener la estabilidad de precios». Este mandato tan limitado contrasta con el de la Reserva Federal de los Estados Unidos que es mucho más amplio pues entre sus fines se exige conseguir una alta tasa de empleo, una baja inflación, un crecimiento aceptable y la estabilidad financiera. Podría pensarse que es más complicado alcanzar objetivos para cuatro fines simultáneamente y que la tarea del BCE es mucho más sencilla por ello. Pese a la claridad del mandato que tiene el BCE, esta institución ha sido incapaz de alcanzar el objetivo que se ha marcado a sí mismo de conseguir una tasa de inflación inferior pero cercana al 2% durante varios años. La explicación reside en que los fines que se ha marcado el BCE no se pueden conseguir con las herramientas que emplea, cuestión que analizaremos en un epígrafe posterior. Brevemente diremos por ahora que la causa de este incumplimiento es la falta de coordinación con el responsable de ejecutar las políticas fiscales, los estados, que en esta época se han empeñado en socavar los objetivos de inflación con políticas de austeridad deflacionistas.

En una democracia cuesta justificar que un banco central no responda ante las Cortes por la gestión de una herramienta macroeconómica tan importante como la política monetaria. Los fines —por ejemplo, el pleno empleo, una tasa de inflación determinada o la estabilidad financiera— claramente deben ser decididos de forma democrática. El nivel que debe alcanzarse para cada fin, lo que podríamos llamar los objetivos de política macroeconómica, también deberían ser sometidos a la voluntad popular. Si como sociedad preferimos una tasa de inflación del 5% con pleno empleo en lugar de una inflación del 0% con una tasa de desempleo del 20% debemos ser capaces de imponer esa elección a los bancos centrales. Es una decisión que debemos tomar de forma colectiva y no podemos consentir que unos técnicos nos arrebaten ese poder. No se trata solo de que sea aconsejable que haya una coordinación entre el Gobierno y el banco central.  Si las Cortes establecen unos objetivos de pleno empleo el BdeE debe facilitar la labor del gobierno en el cumplimiento de tal mandato. Para alcanzar un determinado objetivo de pleno empleo puede que el gobierno necesite que le acompañe el banco central con una política monetaria laxa. Cuando siguiendo un entramado institucional que aseguraba la independencia de los banqueros centrales para que estos desarrollaran políticas “responsables” el resultado para la sociedad española ha tenido dimensiones de catástrofe sin precedentes los argumentos utilizados para defender la independencia de los bancos centrales se vienen abajo y cuesta más justificar que no se sometan a los dictados del pueblo a través de sus legítimos representantes.

Ejemplos de fines, objetivos y herramientas.

Para democratizar el BdeE los órganos rectores deberán responder en lo sucesivo ante las Cortes por su gestión y la política monetaria deberá coordinarse con la política fiscal que ejecuta el gobierno. La ley ha establecido un mandato de seis años para los cargos de Gobernador y Subgobernador, de nuevo con intención de generar situaciones en las que el presidente del gobierno, las mayorías en las Cortes y órganos rectores no tengan el mismo color político y dificultar la coordinación entre la política monetaria y fiscal. Esta falta de sincronía entre cargos con responsabilidades en la determinación y ejecución de las políticas puede dar lugar a una situación en la que el Gobierno trate de asegurar el pleno empleo y su labor sea boicoteada por un BdeE que priorice una baja tasa de inflación. Para evitar este tipo de situaciones una mayoría parlamentaria debe tener capacidad de sustituir a los órganos rectores o, alternativamente, deben ser las Cortes las que den instrucciones concretas acerca de los objetivos de política monetaria y cambiaria. Además los bancos centrales deben cumplir una de las funciones principales que justificaron su creación en tiempos históricos: la financiación de los gobiernos. España debe negociar una exclusión de la aplicación del artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que prohíbe a los bancos centrales nacionales la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos. Si no fuera posible esta exclusión ni la reforma de los TTUE obviamente la solución es utilizar las mismas vías que financiación indirecta que utiliza el BCE comprando deuda pública en los mercados secundarios.  Una última recomendación es prohibir por ley que el BdeE intente realizar una política cambiaria consistente en fijar el tipo de cambio con una o varias divisas europeas.

6.      Aplicación de la Lex Monetæ

Durante la Guerra Civil Española, el país se escindió en dos, también en lo monetario. Como explica Miguel Martorell Linares «la fractura escindió las instituciones vinculadas a la política monetaria: dos casas de la moneda combatieron entre sí, dos Bancos de España compitieron en el extranjero por la captación de recursos. Al poco tiempo de empezar la guerra, cada bando negó validez a la moneda del otro: los franquistas rechazaron los billetes emitidos por la República después del 18 de julio, y marcaron con un sello los anteriores a dicha fecha; los republicanos, a su vez, prohibieron la tenencia de billetes sellados o emitidos por el Gobierno de Burgos. Y si las dos monedas enfrentadas apenas tenían que ver una con otra, ninguna de las dos recordaba, salvo en el nombre, a la peseta nacida en 1868» (Martorell Linares, 2006). Como se puede imaginar el lector esta situación no tendría ni pizca de gracia para quien se encontrase en territorio de un bando con moneda del otro. A medida que el bando franquista fue haciéndose con el control del territorio su moneda fue remplazando a la peseta republicana pero surgió el problema de qué hacer con los saldos bancarios depositados en territorio republicano. Estas cuentas fueron bloqueadas hasta que el Banco de España en Burgos decidió que las «obligaciones comprometidas en territorio republicano tras el 18 de julio se valorarían mediante porcentajes que componían “una escala regresiva en el transcurso del tiempo”. Como la inflación fue aumentando exponencialmente a lo largo de la guerra, la ley propuso un complejo sistema: un coeficiente reductor desvalorizaría la moneda republicana por etapas, de modo que el saldo existente en una cuenta bancaria entre el 19 de julio de 1936 y el 31 de octubre de 1936 se reconocería en un 90 por 100 de su valor nominal, mientras que toda cantidad ingresada a partir de esa fecha se iría devaluando hasta el punto de que los incrementos posteriores al 1 de enero de 1939 sólo se reconocerían en un 5 por 100 de su valor» (Martorell Linares, 2006).

¿Cómo era posible que el nuevo estado fascista consiguiera imponer con impunidad qué moneda se utilizaba y a qué tipo de cambio se trocarían las pesetas del bando contrario sin que pudiera contestarse tal decisión? La explicación reside en la Lex Monetæ un antiguo principio legal que da al soberano el derecho a imponer la moneda de curso legal y su tipo de cambio e impide que alguien pueda incumplir sus obligaciones de pago si un gobierno altera su moneda nacional cambiando su tasa de cambio aunque este cambio imponga costes y perjuicios a una de las partes. Existe una jurisprudencia al respecto muy amplia^[5]. Supongamos que un prestamista francés decide tomar un préstamo en dólares de EEUU con un contrato gobernado por la ley de Inglaterra. Solo la ley estadounidense puede decidir qué es un “dólar de los EEUU” a la hora de saldar esa obligación de pago. Si el gobierno de EEUU decide devaluar la moneda los tribunales de Francia o Inglaterra no podrían decir nada al respecto.

El problema es que en la zona euro los contratos están denominados en una moneda que es de curso legal en todos los países miembro. ¿Qué pasaría con los contratos existentes si un estado miembro abandona la eurozona y adopta una nueva moneda? ¿Deberían realizarse los pagos en euros o en la nueva moneda legal? La libertad de contratación de las partes podría resolver la cuestión. Pero, aunque aceptemos que las partes puedan negociar libérrimamente la moneda que prefieren seguir utilizando para cumplir con sus obligaciones contractuales lo habitual será que éstas no habrán contemplado la eventualidad de una salida cuando firmaron el contrato. Además ¿qué pasa si no hay acuerdo o si una de las partes está en condiciones de imponer a la otra la moneda en la que se saldarán las obligaciones de pago derivadas del contrato? En el caso de un contrato laboral o de un contrato de adhesión para el suministro de electricidad es evidente que la capacidad negociadora de cada parte no está equilibrada. En las relaciones laborales los empresarios pueden tratar de trasladar el riesgo de cambio a sus trabajadores. Imaginemos que un trabajador gana 1.000 euros al mes antes de la introducción de la nueva moneda y que el contrato laboral no se redenomina a pesos. Si la nueva moneda se depreciara un 20% al mes siguiente el trabajador estaría ganando un sueldo equivalente a 1.200 pesos y su poder adquisitivo habría mejorado. Pero si al año el peso se revaloriza gradualmente un 40% ese salario haría bajado a 720 pesos al mes. Casi todas las compras que hace un trabajador habitualmente se hacen en su moneda doméstica y por tanto nuestro trabajador se sentiría estafado. Es recomendable que los ingresos de los trabajadores se devenguen en la moneda de curso legal, con mayor causa si está obligado a pagar impuestos en la moneda del estado.  

Es evidente que el estado debe intervenir para evitar que la parte más débil sea la que soporte el riesgo de cambio. También determinados contratos socialmente sensibles como los préstamos hipotecarios, los arrendamientos de la vivienda principal, los préstamos al consumo o los de servicios básicos deben ser redenominados por ley, respetando esa tasa de cambio inicial 1:1. Las obligaciones de pago derivadas de contratos con el estado también deberán saldarse en la nueva moneda nacional.

En cuanto a los restantes contratos, incluso aquellos firmados con extranjeros, deberemos presumir que la moneda de pago será aquélla que corresponda al de lugar de pago o ejecución del contrato. La situación será aún más clara en los contratos que explícitamente indican la ley que aplica al contrato a efectos de resolución de disputas. Para contratos que especifican que el contrato se gobernará bajo ley española es bastante probable que los pagos derivados de estos deberán hacerse en pesos. En el caso de contratos gobernados por leyes extranjeras si se especifican obligaciones de pago en euros es probable que un tribunal interpretaría que deben saldarse en esta moneda. Por tanto la mayoría de los contratos claramente vinculados a España o gobernados por ley española deberán convertirse a la nueva moneda automáticamente. Los problemas legales podrían surgir por aquellos contratos donde haya incertidumbre acerca de la ley que los gobierna, situación que podría desembocar en costosos litigios internacionales, solo si las partes no son capaces de llegar a acuerdos.

[1] De hecho no existen ni han existido jamás economías basadas en el trueque. Como dice Caroline Humphrey, «ningún ejemplo de economía basada en el mero trueque se ha descrito jamás ni por supuesto la emanación del dinero a partir de ella; toda la etnografía disponible sugiere que tal cosa nunca ha existido. (Humphrey, 1985)»

[2] Los impuestos tienen otras funciones importantes como por ejemplo desincentivar prácticas nocivas para la sociedad o redistribuir las rentas cuestión que examinaremos más adelante.

[3] Originalmente los bancos centrales se crearon para financiar los estados y directa o indirectamente lo siguen haciendo. Tal es el origen del Banco de Inglaterra o del Banco de España cuyo antecesor es el Banco Nacional de San Carlos. Este fue creado en el siglo XVIII con la finalidad de emitir cédulas reales, unos billetes de banco convertibles en moneda metálica que se diferenciaban de la deuda pública en que no pagaban intereses. Su función era «servir de apoyo financiero al Estado facilitando la circulación de los vales reales (deuda pública) y convirtiéndolos en efectivo, proveer de víveres y vestuario a las fuerzas armadas, atender los pagos de la Corona en el extranjero, combatir la usura y proporcionar crédito al comercio y a la industria».

[4] Ley 13/1994, de 1 de junio. Autonomía del Banco de España.

[5] Por ejemplo, se puede consultar, F.A. Mann. The Legal Aspect of Money: With Special Reference to Comparative Private and Public International Law. (1992).