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Diana tiene trabajo. No le gusta especialmente, pero tampoco lo odia. Cobra todos los meses, paga el alquiler y sabe aproximadamente cómo será su vida la semana siguiente. En estos tiempos, no es poco. El problema empezó cuando un compañero se marchó y la empresa decidió no sustituirlo. Parte de sus tareas se repartieron entre quienes quedaron. Después llegaron algunos mensajes fuera de horario, cambios de turno comunicados con poca antelación y responsabilidades que antes correspondían a otros.
Pero también podría haber ocurrido de otra manera. A lo mejor el trabajo de Diana seguía siendo exactamente el mismo y quien hubiera cambiado fuese ella. Puede que ahora tenga un hijo y quiera pasar más tiempo con él. Que sus padres estén envejeciendo y prefiera acompañarlos más. Que quiera dedicar más tiempo a su pareja, cuidar mejor su salud física y mental, preparar unas oposiciones, formarse con nuevos conocimientos, escribir una novela, implicarse más activamente en su comunidad o intentar sacar adelante aquella pequeña idea de negocio que lleva años posponiendo. O quizás no tenga ningún gran proyecto, que simplemente haya descubierto que ya no quiere organizar buena parte de su vida alrededor de ese empleo. En cualquiera de esos casos acabaría encontrándose con una frase que a muchos puede resultar familiar: “Si no te gusta, ahí tienes la puerta”.
Diana puede hacerlo, nadie la obliga a quedarse. Lo que ocurre es que tiene alquiler, facturas y pocos ahorros. Puede buscar otro empleo, pero no sabe cuánto tardará en encontrarlo ni si podrá regresar al mercado laboral en condiciones parecidas. Dejar un puesto para cuidar, estudiar, probar un proyecto o simplemente disponer de más tiempo no elimina la necesidad de seguir pagando las facturas. Su libertad para marcharse existe. Lo que resulta más dudoso es cuánto puede permitirse ejercerla. Por eso muchas veces nos quedamos. Decir que una persona es libre para abandonar su empleo responde a una pregunta jurídica. Preguntar qué puede ocurrirle al día siguiente responde a una pregunta económica. Confundir ambas permite presentar como equivalentes decisiones tomadas desde posiciones materiales muy distintas. La libertad de contratar no depende únicamente de que nadie nos obligue a aceptar un empleo. Depende también de las alternativas que tenemos para rechazarlo.
Esto importa cuando las condiciones laborales empeoran, pero no solo entonces. Nacen hijos, envejecen padres, cambian nuestras relaciones, aparecen proyectos, cambian prioridades. También cambia nuestra salud. Una enfermedad, una lesión o una limitación sobrevenida puede reducir nuestra capacidad para realizar el trabajo que hacíamos sin impedirnos trabajar. O puede que simplemente necesitemos dedicar más tiempo a cuidar nuestra salud física o mental antes de que llegue ese punto. A veces necesitamos recuperarnos, adaptarnos o aprender a hacer otra cosa antes de encontrar nuestro sitio de nuevo. Una vida puede cambiar aunque el contrato no cambie.
El problema es que el mercado laboral ofrece una curiosa forma de libertad. Podemos marcharnos cuando queramos, pero las consecuencias de hacerlo corren principalmente por nuestra cuenta. Y eso también afecta a quienes nunca se marchan. Cuando perder un empleo significa quedarse sin una fuente segura de ingresos, esa posibilidad influye sobre lo que estamos dispuestos a aceptar para conservarlo. No hace falta imaginar empresarios particularmente despiadados. El mecanismo funciona de una manera mucho más cotidiana. No negocia igual quien puede levantarse de la mesa que quien no sabe cómo pagará el alquiler dentro de dos meses.
El salario mínimo, la negociación colectiva o las prestaciones por desempleo suelen discutirse por separado, pero tienen algo en común: modifican las condiciones bajo las cuales podemos aceptar, rechazar o abandonar un empleo. No eliminan el mercado laboral. Cambian las reglas dentro de las cuales funciona. El Trabajo Garantizado actuaría sobre esa estructura de alternativas de una manera distinta. Quien quiera trabajar y no encuentre empleo podría acceder a un puesto digno financiado públicamente, con un salario y unas condiciones establecidos y orientado a actividades identificadas como necesarias por las comunidades. Suele presentarse como una política contra el desempleo. Pero esa descripción se queda corta. Un Trabajo Garantizado establecería también una alternativa laboral.
Diana podría abandonar su empresa sabiendo que entre ese empleo y el siguiente no tiene por qué existir un precipicio. Tal vez durante un tiempo prefiriera un proyecto que le permitiera cuidar a su hijo o acompañar a sus padres, pasar más tiempo con su pareja, cuidar mejor de sí misma, implicarse más en su comunidad o reservar algunas horas para estudiar. Quizás necesitara recuperarse, adaptarse o reorientarse hacia otro tipo de trabajo después de una enfermedad o una lesión. Y puede que, pasado un tiempo, encontrara otro empleo privado que encajase mejor con su vida. El Trabajo Garantizado no financiaría su novela ni asumiría el riesgo de su negocio. Tampoco resolvería por sí solo la organización social de los cuidados. Pero reduciría algo decisivo: el coste de intentar reorganizar la propia vida sin que perder un empleo implique quedar inmediatamente sin una alternativa laboral. Y eso modificaría también la relación entre empresas y trabajadores.
¿Qué empleos tendrían dificultades para encontrar trabajadores si todo el mundo pudiera permitirse rechazarlos? Escuchamos con frecuencia que determinados sectores no encuentran gente o que algunas personas ya no quieren trabajar. Tal vez la pregunta interesante sea otra: ¿qué tendría que ofrecer un empleo para que alguien quisiera aceptarlo teniendo una alternativa? Quizás tendría que pagar más, ofrecer mejores horarios o permitir que el trabajo encaje de otra manera en la vida de quien lo realiza. Eso tendría consecuencias: algunos negocios tendrían que reorganizarse y otros podrían dejar de ser viables en esas condiciones. Pero conviene preguntarse qué significa exactamente esa inviabilidad. Si una empresa no puede pagar el alquiler del local, la electricidad o las materias primas que necesita, solemos concluir que tiene un problema de viabilidad. Con el trabajo razonamos de una forma algo distinta. Si una actividad solo resulta rentable porque hay personas suficientemente necesitadas como para aceptar determinadas condiciones, hacemos recaer su viabilidad precisamente sobre esa falta de alternativas. Eso no significa que los trabajos duros o desagradables deban desaparecer. Algunos son necesarios. Precisamente por eso quizá haya que pagarlos mejor, reducir su jornada o mejorar sus condiciones para que alguien quiera hacerlos. El Trabajo Garantizado no eliminaría los conflictos sobre salarios y condiciones. Tampoco convertiría cualquier deseo individual en un empleo público. Haría algo más concreto: cambiaría el punto desde el que podemos decidir qué trabajo aceptar, cuál abandonar y cuándo buscar otro.
Volvamos a Diana. Puede que su empresa nunca la despida, e incluso que sea un lugar razonable para trabajar. El problema no tiene por qué estar en su jefe ni en su contrato. Puede ocurrir simplemente que llegue un momento en que Diana quiera cuidar a alguien, dedicar más tiempo a su pareja o a sí misma, estudiar, intentar un proyecto, participar más activamente en la vida de su comunidad o recuperar una parte de su tiempo. Entonces seguirá siendo cierto que nadie la obliga a quedarse. La puerta para irse sigue estando ahí, donde siempre estuvo. La cuestión es qué hay al otro lado.
