Los firmantes de esta declaración promueven un proyecto de política económica a la altura del momento histórico que vivimos, en el cual el Estado configura la evolución de un capitalismo sometido al interés general.
En nombre de la eficiencia económica se promueve y tolera el mayor derroche de recursos de nuestras modernas economías: la depreciación de las capacidades, habilidades y creatividad de las personas a través del desempleo. La prioridad es repensar la política económica colocando el pleno empleo digno en el centro de la agenda política, en coherencia con el mandato expresado en nuestras constituciones. A fin de alcanzar este objetivo, debemos reconocer que solo quien crea la moneda, el estado —la Unión Monetaria Europea (UME) en el caso de la zona euro— tiene la capacidad financiera de asegurar el pleno empleo digno con estabilidad de precios en todo momento. Por tanto es fundamental sustituir el sistema actual centrado en conseguir unos objetivos presupuestarios arbitrarios que fortalecen la histeria en torno al signo contable de las cuentas del Gobierno, por una política económica proyectada y evaluada en función de resultados deseados sobre la economía real, tales como la supresión de la pobreza a través de la eliminación del desempleo, la mejora de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente y de las personas, y el progreso de nuestro aparato productivo.
El desempleo solo puede ser eliminado mediante una política fiscal adecuadamente expansiva que combine un aumento suficiente del gasto público y una disminución de los niveles de tributación sobre las clases populares y el tejido productivo. Dentro de este marco prevemos un Plan de Empleo de Transición; un programa permanente de empleo público que asegurará a todos el acceso a un empleo con un salario superior al del umbral de la pobreza y con condiciones dignas.
Las perspectivas políticas de países como Francia y los Países Bajos, que ponen en cuestión la supervivencia de la UE; la experiencia de Syriza, que evidencia la necesidad de potentes bazas negociadoras para gestionar la relación con la UE; y la elevada probabilidad de que la UE no esté dispuesta en ningún caso a cambiar el diseño de sus políticas; nos obligan a explorar las soluciones que se ofrecen a la sociedad, como la adopción de nuevas monedas nacionales para la consecución de objetivos que definamos democráticamente.
Por este motivo las partes adheridas a este proyecto se establecen como un eje internacional con la finalidad de ejercer una presión social, política y cultural, comprometiéndose a interpelar a sus respectivos gobiernos en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo para que se abandonen los inútiles y gravosos objetivos presupuestarios como meta de política económica.
La aproximación progresista a la política debe evolucionar en la esta dirección para alcanzar el modelo social delineado en la Carta de Madrid, una auténtica democracia social, económica y política.
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