«La responsabilidad final de asegurar que el gasto total, tomando el gasto público y privado en conjunto, es suficiente para alcanzar una demanda para todo el trabajo que busca empleo, debe ser asumida por el Estado».
W. Beveridge
Neoliberalismo como proyecto político
Se ha definido la época iniciada a finales de los años 70 como la era del neoliberalismo. Existe alguna polémica sobre la definición de esta ideología pero podemos describirla como un proyecto político que pretende transformar nuestra sociedad en un experimento de ingeniería social sin precedentes. Esta doctrina considera que el mercado es un mecanismo de procesamiento de información y asignación de recursos superior al Estado. Frente a la abundante evidencia histórica y antropológica en contra. Intenta persuadirnos de que el mercado es el Estado natural del hombre y que cualquier otra forma de organización social y política es artificial.
Para el neoliberalismo el Estado debe estar sometido al mercado antes que al ciudadano, actuando mediante una democracia constreñida que lidere una tecnocracia impermeable a las exigencias sociales. Bajo la guisa de la liberalización en realidad se crea una nueva regulación que deja inerme al individuo pero libera a la gran corporación multinacional. Los servicios del Estado deben ser sometidos a la comercialización: la educación, la enseñanza, las cárceles, las oficinas de empleo dejan de ser bienes públicos para convertirse en oportunidades de negocio y bienes de consumo. Si bien el neoliberal asegura defender una libertad sin límites el suyo es un concepto restringido. Otorga una plena libertad para que algunos individuos y oligopolios puedan realizar sus aspiraciones egoístas en el libre mercado pero nos ata las manos a los demás. Por ello aspiran a eliminar todas las barreras al libre movimiento de bienes y capitales pero crean una regulación prolija que solo grandes capitales apoyados por ejércitos de abogados pueden conocer e interpretar.
Para el neoliberalismo el Estado debe estar sometido al mercado antes que al ciudadano, actuando mediante una democracia constreñida que lidere una tecnocracia impermeable a las exigencias sociales.
En un artículo anterior analizamos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y concluimos que no era un plan sino un listado de programas mal definidos. Entonces ¿cuál es el propósito del documento que ha presentado el Gobierno de España a la Comisión Europea? Fundamentalmente es un listado de reformas neoliberales para “modernizar” España. Bruselas publicó un reglamento hace algunos meses que condicionaba el cobro de los fondos Next Generation EU a la introducción de reformas. Ya advertimos que no era un programa de transferencias sino un chantaje neoliberal. Si se comprende su proyecto entonces no cuesta entender hasta qué punto el neoliberalismo inspira el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado a Bruselas.
En este análisis nos centraremos únicamente en los componentes 23, mercado de trabajo, 29, eficiencia del gasto público, y 30, pensiones.
Reordenar la cola del paro
La principal causa de malestar de la sociedad española es un mercado laboral caracterizado por altísimas tasas de desempleo y una precariedad sin parangón en Europa. Ambos fenómenos van de la mano. Para responder a tal reto el PRTR, en «línea con las recomendaciones a España por las distintas instituciones incluye la simplificación de los tipos de contratos, la racionalización de los incentivos a la contratación, la modernización de las políticas activas de empleo y de la negociación colectiva, así como el desarrollo de un nuevo mecanismo de ajuste interno de las empresas alternativo al desempleo que permita amortiguar el impacto de las caídas de demanda, apoyar la formación y recualificación de los trabajadores y acompañar procesos de transición o reconversión. (…) Finalmente, es fundamental modernizar y digitalizar el Servicio Público de Empleo, con el fin de mejorar su eficacia para cubrir las demandas del mercado laboral en todo el territorio nacional». En definitiva: regulación de la contratación y políticas activas de empleo (PAE).
El economista Toharia explicaba que las autoridades españolas han priorizado una «estrategia de alteración de los márgenes del mercado laboral para abaratar la contratación de las empresas». Esta política ha aumentado la elasticidad del empleo con respecto al PIB. «Sin embargo, también ha creado efectos secundarios no deseados. El más importante de ellos es la dualización del mercado laboral, con un segmento de trabajadores con contratos indefinidos y una franja sustancial (de alrededor de un tercio) de trabajadores con contratos de duración determinada más inestables”[1].
Parece mentira que tengamos que explicarle al Gobierno y a Bruselas el funcionamiento de una economía capitalista en la que los empresarios se mueven por afán de lucro. Si tu modelo de desarrollo económico es replicar Magaluf en toda España los empresarios solo tendrán incentivos para contratar trabajadores de temporada por muy ingeniosas que sean las reformas de la legislación laboral y golosos que sean los incentivos fiscales. Mucho nos tememos que, en poco tiempo, los sectores creadores de empleo temporal conseguirán las oportunas contrarreformas que les permitan perpetuar sus prácticas de empleo precario.
Pero el problema de fondo, el que no se pretende resolver, es la debilitada capacidad de negociación de una clase trabajadora sometida desde hace décadas al terror acechante del desempleo. Sin garantía de pleno empleo por el Estado, podemos asegurarles que las malas prácticas, la precariedad y el subempleo seguirán campando a sus anchas. Para la mayor parte de los trabajadores en paro actualmente las condiciones son “lo tomas o lo dejas”.
Para la mayor parte de los trabajadores en paro actualmente las condiciones son “lo tomas o lo dejas”.
No olvidemos que son las propias administraciones públicas las principales culpables pues en ellas la tasa de interinidad es una epidemia. Este problema el ministro Iceta, al parecer, pretende resolverlo echando a todos los interinos a la calle cuando cumplan tres años de servicio. Pues bien, examinen los presupuestos de cualquier administración pública y comprobarán que las plantillas funcionariales están congeladas desde hace años. Por otra parte, la subcontratación de funciones públicas al cártel de consultoras es la solución que se ha encontrado a décadas de políticas de adelgazamiento del cuerpo funcionarial vendida a la población como una política de gestión eficaz.
España es la nación europea que ha mantenido de forma consistente en el tiempo las mayores tasas de desempleo. Sin embargo, hace tiempo que las administraciones públicas españolas han sustituido el derecho al trabajo (artículo 35 de la Constitución Española) por el “derecho subjetivo a las políticas activas de empleo”. Estamos muy lejos de la época de Beveridge, el autor del célebre informe Pleno empleo en una sociedad libre. En sus propias palabras, «La responsabilidad final de asegurar que el gasto total, tomando el gasto público y privado en conjunto, es suficiente para alcanzar una demanda para todo el trabajo que busca empleo, debe ser asumida por el Estado».
Las PAE no abordan el problema clave: un número insuficiente de puestos de trabajo. Las PAE no crean realmente puestos de trabajo, sino que buscan mejoras en el proceso de adecuación de las competencias a los puestos de trabajo, la productividad laboral y la distribución sectorial del empleo. A juzgar por la persistencia de altas tasas de desempleo en España, se podría argumentar que estas políticas tradicionales de lucha contra el desempleo han demostrado ser ineficaces. De hecho diversos estudios han demostrado que las PAE y los subsidios tienen poco o ningún efecto neto sobre el empleo agregado. Las políticas activas de empleo simplemente reordenan la cola del paro pero no nos conducen a una situación de pleno empleo. Vickrey lo definía como «una situación en la que al menos hay tantas ofertas de empleo como personas que buscan empleo, probablemente requiriendo una tasa de desempleo, tal como se mide actualmente, de entre el 1 y el 2 por ciento». No deberíamos conformarnos con menos.
Phillip Harvey lo ilustra con una fábula. Si metes a 100 perros en una habitación para que se disputen 95 huesos sin duda saldrán cinco de ellos sin premio. Puedes entrenar a los perdedores y ponerlos de nuevo en la misma habitación con el mismo número de huesos y canes. Esta vez conseguirán sus huesos, pero ciertamente habrá otros cinco que no. Está bien mejorar las capacidades de los trabajadores pero eso no resuelve la realidad macroeconómica de que no hay empleos para todos.
Pensiones como oportunidad de negocio
Las pensiones son la historia para no dormir favorita de los economistas y la industria financiera y suele ir precedida de advertencias sobre la jubilación de la generación Baby Boom a la que pertenece este autor. Curiosamente en otros países donde se han jubilado estas cohortes con anterioridad no parece que los Estados hayan quebrado. Escrivá ha entrado en el Gobierno para desarrollar el plan que ya proponía cuando era presidente de la AIReF. Desde esa agencia el daño que podía causar era limitado pero ahora está en el Gobierno y ha conseguido que la principal modernización prometida al Colegio de tecnócratas de Bruselas sea la de las pensiones con seis propuestas.
- «la separación de fuentes de financiación de las pensiones contributivas y no contributivas para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo;
- la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo;
- la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas;
- la adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación;
- la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos; y
- la revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.»
Un sistema de pensiones públicas no es más que un mecanismo que permite a la población dependiente acceder a un poder de compra que le transfiere el Estado con el cual puede adquirir un excedente productivo. La sostenibilidad financiera de las pensiones es un problema imaginario mientras exista ese excedente real de bienes y servicios. Incluso aunque se jubilara toda la generación del Baby Boom a los 65 años, la productividad de la población trabajadora actual puede ser suficiente para garantizar unas pensiones dignas. ¿Acaso no hay viviendas, alimentos, médicos, residencias o gerontólogos suficientes para atender a la población dependiente? Si no los hay la responsabilidad del Gobierno no es centrarse en problemas financieros imaginarios sino asegurar que los recursos reales necesarios estén disponibles y eso exige un esfuerzo de planificación.
La responsabilidad del Gobierno no es centrarse en problemas financieros imaginarios sino asegurar que los recursos reales necesarios estén disponibles y eso exige un esfuerzo de planificación.
Puede que ese excedente productivo se vea comprometido si se sigue subinvirtiendo en la economía y se apuesta por mantener desocupada y desmoralizada a la juventud de este país con las mayores tasas de desempleo y precariedad de Europa. Pero ningún ahorro financiero del Estado en el presente hará nada por mejorar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro. Es la capacidad productiva del futuro y no una posición financiera del presente la que garantizará la sostenibilidad de las pensiones. Por eso la mejor garantía de sostenibilidad de las pensiones en el futuro es aumentar hoy la inversión y el empleo públicos.
Las reformas del PRTR asumen que las pensiones futuras están en peligro debido a restricciones financieras. Son propuestas que se encuadran dentro del marco de pensamiento neoclásico sobre la hacienda pública que lamentablemente domina en la profesión económica. Éstas parten de nociones que sólo son aplicables a un sistema monetario basado en el patrón oro como el vigente durante parte del siglo XIX, momento en el que se desarrolló el paradigma económico dominante. En este paradigma el Estado tiene que hacerse con oro u otros metales preciosos con los que acuñar moneda antes de entregarla a los pensiones.
En un sistema de moneda fiduciaria tal esquema es inaplicable porque el Estado simplemente entrega a los pensionistas poder de compra mediante abonos en su cuenta corriente en un sistema de registros contables informatizados. Las cotizaciones tampoco financian las prestaciones; simplemente retiran poder de compra de los cotizantes. El equilibrio financiero entre contribuciones y aportaciones es una simple cuestión de contabilidad que no tienen ningún interés ni impacto real sobre la economía. Subir las bases de cotización máximas puede tener un efecto redistributivo en el sentido de reducir la renta disponible de algunas personas. Pero es muy dudoso que el resultado sea equitativo dada la naturaleza regresiva y clasista del sistema de cotizaciones sociales. La redistribución podría conseguirse de forma más eficaz con otras figuras tributarias. Que las cotizaciones de los autónomos sean proporcionales a los ingresos obtenidos parece lógico pero las tablas que se han avanzado desde el Gobierno sugieren que se pide que coticen personas de un segmento que trata de sobrevivir con lo justo.
Es cierto que el euro es un intento contemporáneo de introducir una camisa de fuerza similar al del patrón oro privando a los Estados de su soberanía monetaria pero ésta es una restricción institucional que se ha autoimpuesto el Estado y que de ningún modo debe ser aceptada por la población española y menos para subvertir el Estado de bienestar y el sistema de pensiones. Si el euro crea restricciones financieras entonces nuestro sistema de partidos debería exigir la reforma o eliminación inmediata de tal sistema monetario en lugar de vendernos que la zona euro es el paraíso en la Tierra y que no hay alternativa en thatcheriana admonición.
Si el euro crea restricciones financieras entonces nuestro sistema de partidos debería exigir la reforma o eliminación inmediata de tal sistema monetario.
Por otra parte la «adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación» es otra forma de reconocer que mucha gente ha sufrido carreras profesionales abortadas, intermitentes y brechas en el historial de cotizaciones. Para resolver este problema lo apropiado sería recuperar el papel histórico del Estado como garante del pleno empleo. En su lugar se incurre en la contradicción de incentivar prolongaciones de carreras profesionales en un país donde prevalecen niveles de desempleo atroz.
De todas las propuestas la más sangrante es la intención de fomentar los sistemas de previsión social complementaria (SPSC). Sonroja que esta pretensión del ministro Escrivá no haya sido resistida por los ministros de Unidas Podemos que, de esta manera, quedan deslegitimados como dirigentes progresistas. De aprobarse este modelo de capitalización individual se introduciría un factor de ruptura en el modelo público de reparto y de prestación definida. Este modelo segrega a los trabajadores entre perceptores de pensiones complementadas con SPSC, y perceptoras de pensiones básicas públicas.
Los SPSC interesan sobremanera a la industria financiera ya que le permitirá acceder a la gestión de una ingente masa de ahorro financiero, parcialmente creada a través de aportaciones de las Administraciones Públicas, sobre las cuales podrán percibir suculentas comisiones. Por tanto se destinaría dinero del Estado a engrosar los beneficios de instituciones financieras y a crear un ahorro financiero en beneficio de colectivos que solo gastarán esos fondos en un futuro más o menos remoto. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a complementar las retribuciones de las personas trabajadoras lo cual ya redundaría en la mejora de las condiciones de vida presentes de esas personas. Luego ellas pueden decidir si desean contratar algún producto de ahorro con parte de su renta. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social.
El modelo de las pensiones de capitalización ya ha sido ensayado en Chile con consecuencias desastrosas. La pobre rentabilidad que han arrojado muchos de los productos de ahorro ofrecidos por la industria financiera ya es motivo de suspicacia. Además estos SPSC aportarán más fondos al océano dedicado a una especulación financiera que no crea ninguna riqueza real. Expondrán a los beneficiarios a riesgos financieros de los que carecen los sistemas de reparto. ¿Qué pasaría con las cohortes que se jubilaran durante un crack bursátil? ¿Tendría que rescatarlas el Estado como ocurrió en Chile?
Próxima estación: políticas de consolidación fiscal
Next Generation EU se presenta como un plan de estímulos fiscales “sin precedentes” pero a España solo se le concederá un breve paseo fuera de la celda por el patio de la cárcel del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula de escape a las reglas de equilibrio presupuestario activada en 2020 tiene fecha de caducidad. El PRTR ya avisa que, si bien las «medidas económicas y sociales ya adoptadas están permitiendo amortiguar el impacto inmediato de la emergencia sanitaria, (…) comportan un importante coste fiscal al que se suma el derivado del ciclo, a través de los estabilizadores automáticos».
A España solo se le concederá un breve paseo fuera de la celda por el patio de la cárcel del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Ni el Gobierno ni Bruselas acaban de comprender cuál es la función macroeconómica del déficit público. Por eso nos presentan los ‘spending reviews’ (sic, en inglés, porque es más moderno), procesos despolitizados de evaluación del gasto. Tal despolitización pretende dejar en manos de tecnócratas ubicados en organismos ideológicamente tan neutrales como la AIReF o la Comisión Europea la última palabra sobre el gasto público. Parece que se pretende establecer un Grupo de Expertos para la reforma fiscal, donde, por supuesto, les podemos garantizar que no estará ninguno de Red MMT y, en un alarde de pluralismo y de alineamiento de los partidos supuestamente progresistas de este país con el dogma neoliberal, solo habrá representantes del pensamiento económico neoclásico.
Según el PRTR el aumento del déficit público y de la deuda generada por la respuesta a la pandemia podría suponer «un lastre para el crecimiento en el futuro», que «arrebataría espacio fiscal para que las generaciones futuras puedan tomar sus propias decisiones». El viejo tópico de “dejar una pesada carga a las generaciones futuras”. ¿Acaso éstas disfrutarán de menos recursos reales en el futuro porque el Estado hubiese invertido más en el presente? Permea una visión de hacienda pública “responsable” que prioriza objetivos contables (déficit y deuda públicas como fracción, de importancia imaginaria, sobre el total de bienes y servicios producidos en España durante el tiempo que tarda el planeta en completar una órbita en torno al Sol) muy alejados del concepto de hacienda funcional donde importan las variables relacionadas con el bienestar real.
Por eso, «cuando las condiciones económicas lo permitan» —o cuando Bruselas y el BCE nos den las oportunas instrucciones— se aplicarán «políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda». Este temor es el que explica que el PRTR sea insuficiente y tardío. Otra generación perdida.
[1] Toharia, L. 1997. Labour Market Studies. Spain, Brussels, Office for Official Publications of the European Communities.